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El sistema de la dependencia de Andalucía ha vuelto a registrar cifras «récord» a cierre del mes de agosto de 2026 con cerca de 360.000 personas atendidas (359.838) y más de 566.000 prestaciones (566.523). Así, «el número de personas dependientes atendidas ha aumentado más de un 69% (69,5%) desde 2018, cuando gobernaba el PSOE en Andalucía, mientras que las prestaciones han crecido un 102,8%».
Junto al incremento de beneficiarios y prestaciones, la consejera de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, Loles López, ha subrayado en una nota que el sistema andaluz de la dependencia «también continúa avanzando en la reducción de los tiempos de espera, que acumulan ya casi dos años consecutivos de descenso».
Así, a cierre de agosto de 2026, los días de espera se sitúan en 413 —424 días el pasado mes de julio—, «la cifra más baja registrada en Andalucía en los últimos quince años». Además, López ha añadido que, «en el último año, el tiempo de espera se ha reducido en más de cinco meses, gracias al trabajo y las medidas impulsadas para agilizar el sistema».
«Tenemos que seguir mejorando y reduciendo los tiempos de espera, pero no podemos olvidar que veníamos de plazos que superaban los tres años y medio en la etapa socialista al frente de la Junta, y con mucho trabajo, esfuerzo y gestión, hemos logrado reducir los tiempos de espera en más de dos años», ha subrayado la titular de Servicios Sociales.
La responsable andaluza ha valorado estas cifras como una muestra del impacto que están teniendo las medidas impulsadas por el Gobierno andaluz para reforzar y agilizar el sistema de la dependencia. «La apuesta sin precedentes realizada por el Ejecutivo autonómico está dando resultados y, aunque queda mucho por hacer, estos datos nos demuestran que la gestión da resultados», ha apostillado.
Entre las medidas adoptadas por el Gobierno de Juanma Moreno para hacer más ágil y eficaz la atención a las personas en situación de dependencia, la consejera ha señalado la simplificación del procedimiento administrativo, que permite concentrar en una única visita y una sola resolución las distintas fases del proceso. A ello se suma la implantación de un nuevo aplicativo, diseñado para facilitar el seguimiento integral de cada expediente, y la reducción de los plazos para autorizar la apertura de nuevos centros residenciales, que han pasado de dos años a apenas tres meses.
López también ha destacado el incremento de la financiación del sector de la dependencia. A este respecto, ha detallado que, desde 2019, la financiación de las plazas residenciales y de los centros de día para personas mayores ha aumentado un 33,4%, mientras que en el caso de los recursos dirigidos a personas con discapacidad el incremento medio alcanza el 38,9%. En este sentido, ha contrapuesto estos datos con las subidas registradas durante los anteriores gobiernos socialistas en la Junta, que cifró en un 0,30% y un 1,17%, respectivamente.
La consejera también ha puesto el foco en el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), que acumula un incremento de financiación del 34,3% desde la llegada de Juanma Moreno a la Presidencia de la Junta, frente al 0% de subida registrado entre 2007, año en el que entró en vigor la Ley de Dependencia, y 2018. «Las cifras hablan por sí solas», ha apostillado.
En relación a la creación de plazas, López ha recordado que durante la última legislatura del PSOE se incorporaron 283 nuevas plazas, mientras que en los últimos cuatro años se han creado más de 5.000. La consejera ha remarcado además que estas nuevas plazas cuentan con financiación presupuestaria, a diferencia de etapas anteriores, cuando, según ha señalado, se concertaban plazas sin respaldo económico suficiente.
Por todo ello, la titular de Servicios Sociales ha resaltado que actualmente el sistema andaluz de la dependencia «tiene más prestaciones, más personas beneficiarias, menos días de espera, más plazas y más inversión que nunca, y todo ello a pulmón».
En este sentido, ha vuelto a reclamar al Gobierno de España que «firme con Andalucía el mismo acuerdo alcanzado con el País Vasco para la financiación del 50% del gasto de la dependencia certificado anualmente por la Comunidad Autónoma» y ha advertido que los andaluces «no somos ciudadanos de segunda».
Por último, López ha exigido al Ejecutivo central el pago de los cerca de 6.000 millones de euros que adeuda a Andalucía por la infrafinanciación del sistema de dependencia, una deuda acumulada que «continúa lastrando la sostenibilidad del sistema».
