El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, ha remitido una carta al ministro de Industria y Turismo para reclamar la convocatoria «urgente» de la Conferencia Sectorial de Turismo en el «plazo más breve posible» para abrir una «reflexión conjunta» sobre el «escenario» e «impacto económico, social y territorial» que ha generado la anulación por parte del Tribunal Supremo del registro único de pisos turísticos.
Para lograr «soluciones equilibradas que compatibilicen la actividad turística, el acceso a la vivienda y la sostenibilidad de los destinos», el consejero Bernal propone al Ministerio que en el orden del día de la Conferencia se aborden asuntos como el análisis de las consecuencias jurídicas, económicas y operativas de la sentencia del Supremo; y la «evaluación del impacto sobre el sector turístico, los operadores y las comunidades en términos de coste directo y lucro cesante a fin de determinar los procedimientos de resarcimiento que convenga al derecho de los actores perjudicados».
Además, plantea «determinar la mejor coordinación interadministrativa en materia de vivienda, turismo y plataformas de comercialización» y retomar los trabajos iniciados en 2023 para la «correcta implementación de la ventanilla única digital».
«La resolución judicial tiene efectos directos sobre la arquitectura de coordinación administrativa, sobre la seguridad jurídica de los operadores y sobre el ejercicio de las competencias autonómicas en materia de ordenación de la actividad», argumenta el consejero en la misiva, consultada por Europa Press.
Para la Junta, «dada la magnitud del impacto económico, social y territorial», el escenario que dibuja la sentencia del Supremo «debe abordarse desde la cooperación leal, el respeto institucional y la búsqueda de soluciones compartidas», lo que hace necesario, a juicio de la Consejería de Turismo, la «asistencia y participación» en la Conferencia sectoral tanto del Ministerio de Industria y Turismo como del Ministerio de Vivienda por «la evidente transversalidad de la materia y sus implicaciones regulatorias, competenciales y económicas».
