Un total de siete asociaciones profesionales de la Guardia Civil han mostrado su rechazo unánime al cierre del puesto principal de Roquetas de Mar (Almería), que obligará a desplazar a más de 180 agentes, tras haber mantenido una nueva reunión «extraordinaria» y «urgente» este sábado con el coronel jefe de la Comandancia de Almería, José Antonio Carvajal.
En un comunicado conjunto, las asociaciones han asegurado que los órganos de dirección de la Guardia Civil mantienen su postura de «no continuar prestando servicio en Roquetas de Mar» una vez se produzca la entrada de la Policía Nacional en el municipio, lo que «supondría el cierre de la presencia de la Guardia Civil en la localidad».
Las entidades, que mantienen su convocatoria de protesta el próximo lunes frente al cuartel de Roquetas de Mar, han defendido de nuevo la presencia de ambos cuerpos policiales en el municipio de más de 110.00 habitantes «mediante un reparto equilibrado y equitativo de competencias, tanto en representación institucional como en carga de trabajo, población, extensión territorial e índices delincuenciales».
«No aceptamos que se trate a la Guardia Civil como un cuerpo policial de segunda», han añadido desde AUGC, AEGC, Jucil, Aprogc, Cabos, IGC y UnionGC antes de recordar que la Guardia Civil lleva «décadas prestando servicio» en el municipio «con profesionalidad, compromiso y conocimiento de su realidad social y delincuencial».
Con ello, han rechazado también un modelo que «desplace o relegue a la Guardia Civil a un papel secundario» cuando en Andalucía existen 25 municipios en los que «se mantienen competencias compartidas entre Policía Nacional y Guardia Civil», lo que hace «aún más difícil de entender que no se contemple esta misma posibilidad para Roquetas de Mar».
«Si este modelo ya funciona en otros municipios andaluces, no existen razones suficientes para descartarlo en una localidad con la importancia y singularidad de Roquetas de Mar», han advertido. Las asociaciones han afirmado además desconocer la distribución de las vacantes tras el cierre.
En cualquier caso, han solicitado a la cadena de mando y a la Dirección General de la Guardia Civil que «pongan todos los medios necesarios para garantizar la adecuada reubicación profesional de los guardias civiles afectados, así como las soluciones necesarias para sus familias».
«Las asociaciones profesionales seguiremos trabajando de forma coordinada para defender los derechos de los guardias civiles, exigir transparencia y reclamar que cualquier decisión tenga en cuenta tanto la seguridad ciudadana como la situación personal y familiar de los agentes afectados», han finalizado.
