La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a seis años y nueve meses de prisión a una mujer por estafar al menos a 31 personas mediante el comercio ilícito de perros —muchos de los cuales estaban enfermos— bajo la falsa apariencia de diferentes asociaciones y protectoras de animales que promocionaba en redes sociales.
La sentencia impone a la mujer cuatro años y nueve meses de prisión por un delito continuado de estafa y otros 24 meses más de prisión por un delito continuado maltrato animal ante las «deplorables» condiciones en las que mantenía a los ejemplares en un pequeño piso de Roquetas de Mar (Almería).
La resolución, consultada por Europa Press y contra la que cabe recurso, también la inhabilita durante cuatro años para tener animales o ejercer profesión, oficio o comercio relacionado con ellos, toda vez que le obliga a abonar unos 63.700 euros a las personas estafadas que se interesaron por la adoptar un perro y a las que cobró cantidades que rondaban los 250 euros por cada ejemplar.
La mujer, para la que se llegó a acordar en junio del pasado año prisión provisional antes del juicio ya que mantenía la actividad pese a ser detenida en enero de 2025 por estos hechos, se aprovechó de un elevado número de personas que «de buena voluntad» confiaron en ella al entregarles las cantidades de dinero que la mujer pedía pensando que estaban encaminadas a sufragar gastos veterinarios.
De este modo, la mujer recibía de terceros o criaba en algunos casos perros y gatos de distintas especies que luego ofrecía en adopción a través de internet como si estuviera al cargo de una protectora.
Con ello, solicitaba a los adoptantes cierta cantidad de dinero bajo la excusa de llevarlos al veterinario para vacunarlos y poner en regla toda la documentación antes de entregarlos, aunque pedía una cantidad superior a los gastos que podían darse en el veterinario. En la mayoría de los casos, se quedaba con el dinero sin entregar mascota a sus destinatarios.
En otras ocasiones, los perros presentaban enfermedades graves motivadas por las malas condiciones higiénico-sanitarias y falta de vacunas, ya que los tenía hacinados en su apartamento. Una buena parte de ellos —al menos ocho— murieron a causa de parvovirus a los pocos días después de su entrega mientras que otros consiguieron superar la enfermedad con tratamiento veterinario abonado por el adoptante.
Algunos de los estafados, procedentes de distintas ciudades españolas, se desplazaron cientos de kilómetros para recoger a los animales o contrataron empresas de transporte, mientras que otros tuvieron que invertir importantes sumas en gastos veterinarios para tratar de salvar al animal debido a su mal estado.
Otros de los afectados por el engaño se vieron obligados a desinfectar sus viviendas tras la muerte del perro adoptado para prevenir enfermedades. Para todos ellos, el tribunal reconoce también pagos por los daños morales sufridos, que ascienden hasta los 6.000 euros en algunos casos.
La sentencia absuelve a un segundo acusado al que la mujer transfería parte del dinero abonado por los adoptantes ya que ella, por su nacionalidad, no podía tener cuenta en España. En su caso, se dio por demostrado que el hombre desconocía el negocio ilícito de la acusada y era ajeno a los hechos.
