La entidad Almería Acoge se ha visto obligada este martes a cerrar las puertas de su sede ante la "avalancha de más de mil personas" que han acudido para obtener un certificado de vulnerabilidad que les permita acogerse al proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes emprendido por el Gobierno, ante el que la ONG ha pedido auxilio para poder atender "de forma digna" a los solicitantes.
"Ayer hicimos 180 certificados sin problemas, pero esta mañana había más de mil personas", ha explicado a Europa Press el presidente de la entidad, Juan Miralles, quien ha señalado que han decidido cerrar "hasta nuevo aviso" las instalaciones de la calle Largo Caballero debido a la situación generada.
Miralles ha advertido de las dificultades que enfrentan quienes precisan de este certificado de vulnerabilidad para poder acceder a la regularización, ya que "no encuentran respuesta" suficiente por parte de los servicios sociales comunitarios y los ayuntamientos en los que se expide este documento válido para el proceso entre quienes carecen de un contrato o precontrato de trabajo o no puede acreditar la unificación familiar con menores o mayores a su cargo.
Desde Almería Acoge han contactado con la Subdelegación de Gobierno para proponer "alternativas" desde la que atender "de manera digna" y "sin impacto negativo para el vecindario" a los usuarios, muchos de los cuales han dormido en la calle durante la última noche para guardar cola.
"Si hemos tenido mil personas es porque no hay suficientes organizaciones haciendo estos certificados y los ayuntamientos no están dando la respuesta que deberían", ha insistido Miralles, a quien constan incluso que algunos consistorios habrían rechazado expedir este tipo de certificados y habrían derivado, en su caso, a las entidades colaboradoras en el proceso.
En este sentido, ha opinado que, además de las instituciones que "tienen obligación" de emitir estos certificados, "haría falta que se arremangaran más organizaciones" sociales que, pese a disponer de medios, no han pedido ser entidades colaboradoras. "Nos sentimos desbordados", ha añadido ante la decisión de dejar de ayudar en el proceso hasta la llegada de una solución.
"Nosotros somos una asociación pequeña, lo hacemos por voluntad propia, por solidaridad, por cooperar con un proceso que creemos justo. Los ayuntamientos lo tienen que hacer por obligación legal", ha insistido Miralles, quien confía en una pronta respuesta del Ejecutivo para continuar próximamente con la labor.
El presidente de Almería Acoge ha recalcado que el certificado de vulnerabilidad sirve "exclusivamente para este proceso de regularización" sin que implique ningún otro tipo de informe social. "Es tan obvio y tan simple como reconocer que una persona que no tiene permiso de trabajo tiene dificultades de acceso al empleo, por ejemplo", ha añadido.
Así, ha rechazado algunas "malas interpretaciones" tanto sociales como políticas relacionadas con la generación de este documento. "Espero que haya más de incomprensión o de falta de leer con atención que lo otro", ha apuntado en relación a los discursos que rechazan esta acción emprendida por el Gobierno.
Almería Acoge, junto con la Federación Sur Acoge y otras organizaciones han apoyado el proceso de regularización desde el principio al considerar que es "básico" resolver "el drama de muchas familias, facilitar la inclusión y la cohesión y mejorar el desarrollo social y económico de forma global".
