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Adelante Andalucía ha anunciado que llevará al Parlamento andaluz la situación de la Cartuja de Santa María de la Defensión de Jerez tras mantener una reunión con representantes de Amigos de la Cartuja, que «trasladaron su preocupación por el estado de conservación del monumento, la celebración de eventos sin autorización y la falta de garantías sobre el cumplimiento de las condiciones establecidas para su cesión al Obispado».
Según ha referido el conjunto en un comunicado, tras este encuentro, la la formación considera necesario que la Junta de Andalucía dé explicaciones sobre las labores de seguimiento y supervisión que está desarrollando sobre este Bien de Interés Cultural (BIC), así como sobre las medidas que está adoptando para garantizar su conservación y evitar usos que puedan resultar incompatibles con las condiciones de cesión.
La iniciativa parlamentaria se produce, según ha referido Adelante, después de conocerse la resolución de la Delegación Territorial de Cultura de la Junta de Andalucía, fechada el 28 de julio de 2026, en respuesta a una solicitud de información sobre la celebración, el pasado 18 de junio, de la cena oficial de clausura del XIII Congreso de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica. El evento reunió a unas 300 personas en el patio interior de la Cartuja e incluyó un servicio de restauración y la instalación de un escenario.
La formación ha remarcado que la Cartuja es propiedad del Estado y que su uso fue cedido al Obispado mediante la Orden Ministerial de 8 de abril de 2003. «Según las condiciones recogidas en dicha orden, el inmueble debe destinarse a fines religiosos y culturales, no puede utilizarse para otros fines ni cederse temporalmente a terceros, y el Obispado asume obligaciones de vigilancia, custodia, mantenimiento y conservación», han expresado.
Adelante Andalucía considera «imprescindible esclarecer si la celebración de este tipo de eventos es compatible con las condiciones de cesión y qué garantías existen para proteger la integridad del monumento, especialmente sus espacios históricos y elementos patrimoniales».
La formación subraya que «no basta con comprobar si se han ejecutado obras, también es necesario aclarar el alcance de las obligaciones asumidas y los mecanismos de control aplicables a los usos que se hacen del inmueble».
