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Adelante Andalucía ha criticado este domingo 11 la «criminalización» del gobierno municipal del PP de Granada, que ha solicitado a la Subdelegación del Gobierno que determine por escrito si la acampada por la vivienda instalada en la explanada del Palacio de Congresos es legal o ilegal.
Según ha concretado la formación en una nota, esta iniciativa supone «poner bajo sospecha a quienes ejercen su derecho a reivindicar una vivienda digna, en un contexto de emergencia habitacional que las administraciones siguen sin resolver».
Por su parte, la parlamentaria por Granada, Inma Manzano, ha criticado que el PP centre sus esfuerzos en cuestionar la acampada en lugar de atender las reivindicaciones que la han hecho necesaria. «La dinámica del PP es criminalizar la protesta y poner el foco sobre quienes se movilizan, en vez de sobre quienes están haciendo imposible acceder a una vivienda. Cuando la gente tiene que salir a la calle para defender un derecho básico, el problema no es la protesta: es que ese derecho no se está garantizando».
Al hilo, Manzano ha señalado que «el PP se pone muy rápido a pedir explicaciones cuando hay gente acampada para reclamar una vivienda, pero no muestra la misma determinación ante los desahucios ni ante quienes convierten un derecho fundamental en un negocio». «Se ponen del lado de los intereses de los rentistas y los fondos buitre mientras criminalizan a quienes hacen lo que debería hacer cualquier ayuntamiento, defender que las vecinas tengan una vivienda digna en la que vivir», ha agregado.
Desde Adelante Andalucía han considerado que esta actitud refleja una forma de gobernar que «señala y cuestiona las movilizaciones sociales» mientras «mantiene una posición de pasividad ante problemas que afectan directamente a la ciudadanía». Así, la formación ha criticado «las dificultades de acceso a la vivienda, los desahucios y el avance de un modelo residencial cada vez más condicionado por los intereses especulativos», y ha reclamado medidas que protejan a quienes viven y trabajan en Granada.
Asimismo, la formación ha abundado en que el PP se negó a guardar un minuto de silencio por la muerte de Mari Carmen, un gesto que han considerado como una «muestra de la falta de empatía y humanidad de la formación ante el sufrimiento de quienes padecen la crisis habitacional».
«Lo ocurrido demuestra de qué lado está el PP y qué intereses defiende. Las instituciones tienen que estar al lado de la gente que sufre las consecuencias de la crisis de la vivienda, no levantar barreras frente a quienes la denuncian. No basta con hablar de vivienda, hay que escuchar, actuar y garantizar derechos», ha defendido Manzano.
En suma, Adelante Andalucía ha reivindicado el valor de la movilización social como «herramienta legítima para transformar la realidad y reclama al gobierno municipal que deje de alimentar la confrontación con quienes exigen soluciones».
En este sentido, han apuntado que la acampada «no surge de la nada», sino que «es la expresión de una preocupación social que merece respuestas políticas, ni sospechas ni amenazas». La formación ha insistido en que la prioridad debe ser «garantizar el derecho a una vivienda digna y poner freno a la especulación, en lugar de desviar el debate hacia quienes han decidido organizarse y protestar».
