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Organizaciones feministas han hecho un llamamiento a secundar la huelga general por la vivienda convocada para el próximo miércoles 11 de noviembre y han avisado de que la crisis habitacional «alimenta la violencia machista».
«La crisis de vivienda alimenta la violencia machista. Muchas mujeres y disidencias siguen atrapadas en relaciones violentas, familiares o de pareja, porque no pueden pagarse una casa. Muchas otras viven bajo la amenaza del desahucio, de la pobreza energética o de la exclusión residencial. Eso también es violencia», aseguran desde la Comisión 8M de Madrid.
En su manifiesto, la organización denuncia que la crisis de la vivienda genera «angustia» ante la imposibilidad de llegar a fin de mes, el «miedo» a los desahucios o la falta de independencia y de futuro.
Asimismo, apunta directamente a «fondos buitre, rentistas y gobiernos que protegen el negocio de unos pocos» como responsables del problema. «El 11 de noviembre paramos porque la vivienda es un derecho, no es un negocio ni un privilegio. ¡Ni casas sin gente ni gente sin casa!», recalca.
Igualmente, critica que «mientras una minoría se enriquece especulando con la vivienda, la mayoría trabajadora destina cada vez más salario al alquiler o la hipoteca». Ante este escenario, llama a responder «con organización y lucha».
«Vamos a la huelga porque no tenemos casa o tenemos casas de mierda. Unas tenemos un cuarto para toda la familia. A otras, en Cañada Real, nos quieren derribar nuestros hogares, a muchas nos amenaza el desahucio», subraya.
La Comisión 8M también destaca que «los derechos no entienden de papeles ni de origen» frente a los que quieren dividir a la sociedad «entre nacionales y extranjeras». «Los feminismos respondemos con solidaridad y apoyo mutuo», asegura para añadir que «¡ninguna persona es ilegal, ninguna vecina sobra!».
Por último, reclama «vidas libres, barrios vivos y viviendas dignas para vivir en ellas». «Nos quieren aisladas, con miedo y sin alternativas; nos encontrarán organizadas, en las calles y en huelga», concluye.
Por su parte, Fórum de Política Feminista también apoya la huelga general y advierte de que «sin vivienda asequible, salarios dignos, ni recursos para los derechos sociales, no hay igualdad ni libertad para las mujeres».
«El encarecimiento de la vida, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, la precariedad laboral y las dificultades para acceder a una vivienda digna afectan el conjunto de la clase trabajadora, pero tienen un impacto específico sobre las mujeres, que continuamos sufriendo desigualdades salariales, mayor precariedad, más parcialidad en la ocupación y una distribución injusta de las responsabilidades de cuidados», asevera.
De la misma manera, pide a la patronal una negociación colectiva «real y leal» que garantice la subida salarial necesaria «que permita no perder poder adquisitivo, que acabe con la parcialidad en el empleo de las mujeres y que implique políticas de empresa encaminadas a la conciliación».
En la misma línea, exige un incremento del salario mínimo, de los salarios en el empleo público, de las pensiones, y del Ingreso Mínimo Vital «acorde a la subida del coste de la vida y que permita el acceso a la vivienda». Además, tilda de «imprescindible» combatir la brecha salarial, la feminización de la pobreza y la precariedad que «afectan especialmente los sectores laborales más feminizados».
En cuanto a los alquileres, indica que resultan «inasumibles» y que «dificultan» la emancipación de los jóvenes, «agravan» la vulnerabilidad de las mujeres mayores y de las familias monomarentales y «pueden condenar muchas mujeres a situaciones de dependencia económica».
«Reclamamos vivienda digna, pública y asequible, protección ante desahucios y alternativas residenciales efectivas para quienes las necesiten, particularmente para mujeres consideradas de alto riesgo, afectadas por la violencia machista», recalca.
Respecto a las mujeres que sufren violencia machista, la organización feminista alerta de que «sin ingresos propios, recursos suficientes y una vivienda segura, abandonar al agresor puede resultar mucho más difícil». Asimismo, agrega que «ninguna mujer tendría que elegir entre continuar conviviendo con quién la maltrata o quedarse sin techo».
En este punto, solicita protección integral, asesoramiento jurídico de proximidad, a ser posible en el propio municipio, y atención psicológica «porque la violencia machista también afecta a la salud mental».
Del mismo modo, pide «condiciones laborales dignas, autonomía personal y protección ante los abusos, sin que el origen o la situación administrativa se conviertan en factores de exclusión», así como un sistema público de cuidados «suficiente, universal y de calidad».
Finalmente, apuesta por residencias públicas «de calidad» y políticas públicas «corresponsables que permitan a las mujeres ser libres para decidir sobre su vida». «Queremos salarios para vivir, viviendas donde vivir con dignidad, servicios públicos que nos cuiden y tiempos para vivir. Porque ninguna mujer tiene que depender económicamente de nadie para ser libre. Y porque sin autonomía económica, sin corresponsabilidad en los cuidados y sin vidas libres de violencia no hay igualdad real», declara.
