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Da igual en qué provincia empiece este verano. Da igual si es Sevilla, Ourense, Zamora, Ávila, Tarragona o cualquier ladera del Mediterráneo que llevamos décadas llamando "zona de riesgo" sin que a nadie se le haya ocurrido, entretanto, quitarle ese riesgo de encima. Cuando lean esto, es probable que ya haya varios miles de hectáreas convertidas en ceniza, un pueblo evacuado a las tres de la madrugada, un hidroavión estrellado o un brigadista muerto entre las llamas por apagar un fuego que otros permitieron que naciera. Repetimos el mismo ritual de estupor colectivo cada agosto, como si el monte ardiera por sorpresa, como si no lleváramos cuarenta años viendo venir el desastre sin mover un dedo para impedirlo.
Porque no es el clima el único culpable, aunque sea el más cómodo de señalar. El clima no organiza turnos de guardia forestal contratados tres meses al año y despedidos justo cuando empieza octubre, con la excusa administrativa de siempre: que no hay presupuesto, que hay que ajustar, que ya se verá el año que viene. El clima no decide que los planes de prevención se firmen en enero y se archiven en un cajón hasta que ya es agosto y arde todo. Eso lo deciden diputaciones, conselleries y ministerios que llevan tres décadas gestionando el monte español como quien gestiona un trámite molesto: con el mínimo esfuerzo posible y el máximo titular de última hora cuando el fuego ya está fuera de control y toca salir en la tele con cara de circunstancias.
El campo español lleva medio siglo vaciándose, y con él se ha ido también la gente que limpiaba, que pastoreaba, que hacía cortafuegos sin llamarlo así, porque vivía del monte y sabía que un monte descuidado es un monte que se acaba comiendo el pueblo entero. Donde antes había ganado desbrozando la maleza hoy hay matorral seco esperando una chispa, y donde antes había guardas forestales con nombre y apellido conocidos por cada vecino hoy hay un número de teléfono de emergencias que a veces tarda una hora en responder. Nadie ha sustituido esa función. Se ha dejado de ejercerla, sin más, porque prevenir no da votos y apagar sí sale en el telediario con el conseller de turno vestido de faena, aunque lleve sin pisar un monte desde la última legislatura.
Y luego está la otra cara, la que casi nadie quiere nombrar en voz alta porque resulta más incómoda que la simple negligencia: la de quien prende el fuego a propósito. La estadística, tozuda como siempre, lleva años señalando que buena parte de los incendios en España no son accidentales ni obra exclusiva de la sequía, sino provocados, por venganza, por negocio, por rabia, por la certeza de que aquí la impunidad sale barata. Terrenos que arden justo antes de perder la calificación de forestal y ganar la de recalificable. Rencillas vecinales que se resuelven con un mechero en vez de con un juzgado. Pirómanos con antecedentes que siguen circulando libres por los mismos bosques que ya quemaron una vez, porque las condenas por incendio forestal en este país se dictan con una blandura que roza el chiste, y porque investigar un fuego cuesta dinero y tiempo que casi nadie está dispuesto a invertir de verdad.
Así que cuando el monte arde, arde por las dos vías a la vez: por lo que no se ha limpiado y por lo que alguien ha querido prender. Y las instituciones, con ese cinismo que ya deberíamos conocer de memoria, se reparten los papeles del drama según conviene. El político de turno visita la zona calcinada con la chaqueta puesta y promete ayudas que tardarán años en llegar, si llegan. El técnico forestal, el que de verdad conoce el terreno, lleva meses avisando por escrito de que faltan medios, y su informe duerme en un cajón junto a los de sus predecesores. Y el vecino, el que ha visto arder la finca de su abuelo, aprende la lección de siempre: que aquí nadie paga por lo que no se hizo, solo se reparte el mérito de lo que se apaga.
No hace falta ser ingeniero de montes para entender la ecuación. Menos limpieza, menos pastoreo, menos guardería forestal, menos inversión en prevención, sumado a más abandono rural, más impunidad para el pirómano y más terreno seco esperando una chispa, da como resultado lo que llevamos viendo cada verano desde los años noventa: un país que quema su propio patrimonio y luego se sorprende, indignado, frente a las cámaras, como si el fuego fuera un imprevisto y no la consecuencia lógica y anunciada de decisiones tomadas (o, más bien, no tomadas) por quienes tenían la obligación de evitarlo.
El monte español no necesita más ruedas de prensa. Necesita presupuesto constante y no estacional, guardería forestal todo el año, planes de prevención que se ejecuten y no solo se firmen, y jueces dispuestos a tratar el incendio provocado como lo que es: un delito grave contra todos, no una anécdota de sucesos locales. Mientras eso no ocurra, seguiremos teniendo el mismo agosto de siempre: humo en el horizonte, un ministro con cara compungida, y la certeza amarga de que el año que viene volveremos a escribir este mismo artículo, cambiando solo el nombre del pueblo que ha ardido.
