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Un tribunal condena a siete colaboradores de la derrocada Sheij Hasina a muerte por la represión de 2024

Redacción

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Lo esencial

Un tribunal de Bangladesh ha condenado a muerte a siete colaboradores de la ex primera ministra Sheij Hasina por crímenes de lesa humanidad cometidos en la represión de protestas antigubernamentales de 2024.

Por qué importa

Es importante porque se trata de una condena por crímenes de lesa humanidad, lo que subraya la gravedad de los hechos y la responsabilidad de los líderes políticos en la represión violenta de protestas.

Qué ocurrió

Un tribunal de Dhaka ha condenado a muerte a siete colaboradores de la ex primera ministra Sheij Hasina por su rol en la represión violenta de las protestas antigubernamentales de 2024. Los cargos incluyen incitación a la violencia, órdenes de usar fuerza letal y responsabilidad en homicidios.

Entre líneas

La condena se basa en la versión de un tribunal nacional especializado en crímenes de guerra y lesa humanidad, lo que sugiere que se trata de la visión oficial del gobierno actual sobre estos hechos.

El contexto

Las protestas de 2024 fueron contra un sistema de cuotas que reservaba más de la mitad de los puestos públicos a familiares de veteranos de guerra, lo que provocó la muerte de al menos 1.400 personas y la caída de Hasina tras quince años de mandato.

El panorama

Esta condena se suma a la ya impuesta a la ex primera ministra Sheij Hasina y a otros altos cargos por los mismos hechos, mostrando un patrón de responsabilidades políticas en la represión violenta.

La clave

El tribunal ha ordenado confiscar el 50% de los bienes de los condenados para indemnizar a las familias de las víctimas.

Artículo completo

Un tribunal con sede en Dhaka ha condenado este martes 'in absentia' a pena de muerte a siete colaboradores de la derrocada primera ministra de Bangladesh Sheij Hasina por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la represión de las protestas antigubernamentales que estallaron en el verano de 2024.

«Cada uno de los acusados se enfrentaba a cuatro cargos en este caso y, dado que la mayoría de los cargos se probaron más allá de toda duda razonable, el tribunal ha dictado condenas a muerte», ha anunciado Aminul Islam, fiscal jefe del Tribunal de Crímenes Internacionales (TCI), corte especializada de carácter nacional que juzga crímenes de guerra y de lesa humanidad en el país.

Los siete han sido condenados por su rol de liderazgo durante la violenta represión impulsada por las autoridades bangladesíes en las protestas de 2024. Entre los cargos figuran incitación pública a la violencia, emitir órdenes directas a los cuerpos de seguridad para emplear fuerza letal, conspirar y planificar la represión y por su responsabilidad por homicidios e intentos de homicidio.

El tribunal, compuesto por tres miembros y presidido por Nazrul Islam Chowdhury, ha condenado al secretario general de la Liga Awami, Obaidul Quader; al vicesecretario general del partido, Bahauddin Nasim y a un miembro del comité ejecutivo, Mohamad Ali Arafat.

Asimismo, las condenas se extienden también a miembros de la Liga Jubo, organización juvenil asociada a la Liga Awami, entre ellos su presidente, Fazle Shams Parash y su secretario general, Mainul Hossain Jan Nijil. También han sido condenados el presidente de la Liga Chhatra de Bangladesh —ala estudiantil de la formación—, Saddam Hosain, y su secretario general, Wali Asif Inan.

El tribunal ha ordenado confiscar el 50% de todos los bienes muebles e inmuebles de los condenados y que se proporcione una indemnización adecuada a los familiares de las víctimas muertas y heridas durante las protestas a partir de los fondos obtenidos por la venta de estos bienes, según ha recogido la agencia de noticias BSS.

La misma corte ya condenó a pena de muerte a Hasina en noviembre de 2025 junto a quien fuera ministro del Interior durante aquellos hechos, Asaduzaman Jan Kamal, mientras que al ex inspector general de Policía Choudri Abdulá al Mamun, quien colaboró en el proceso judicial, le impuso cinco años de prisión.

Las protestas, convocadas contra un polémico sistema de cuotas que reservaba más de la mitad de los puestos públicos a familiares de veteranos de guerra, se saldaron con la muerte de al menos 1.400 personas y provocaron la caída de Hasina tras quince años de mandato.

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