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Más de medio centenar de civiles han muerto en los últimos días cerca de Alamata, en el norte de Etiopía, en enfrentamientos entre el Ejército y el Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF), que lanzó la semana pasada una ofensiva a gran escala en esta zona del país africano.
Fuentes médicas han confirmado a la cadena de televisión BBC que al menos 52 personas han muerto a causa de «intensos» combates en las inmediaciones de la citada localidad, después de que las tropas etíopes hayan arrebatado su control al TPLF, mientras avanzan hacia la principal ciudad de la región de Tigray, Mekelle.
Doce de las víctimas fallecieron en un único ataque contra el mercado de Alamata, de acuerdo a un médico del Hospital General de Alamata, que ha pedido permanecer en el anonimato.
Durante los enfrentamientos, que tuvieron lugar entre el sábado y el lunes, se emplearon explosivos de gran potencia y artillería, algunos de los cuales impactaron en viviendas del municipio.
Naciones Unidas ha expresado este miércoles su «profunda preocupación» por los actos perpetrados contra personal, bienes e instalaciones humanitarias en Etiopía, especialmente en el norte del país, y ha subrayado que «sigue de cerca» la «rápida evolución» de la situación tras la ofensiva lanzada la semana pasada por el TPLF, que amenaza con el estallido de un nuevo conflicto a gran escala en el país africano.
El coordinador humanitario de la ONU para Etiopía, Ozonnia Ojielo, ha advertido de que los enfrentamientos desatados plantean «graves preocupaciones en torno a la protección de la población civil, especialmente de aquellas personas desplazadas por el conflicto anterior que hacen frente a nuevos riesgos de protección, al tiempo que surgen nuevos desplazamientos».
Ojielo ha recordado que entre 2025 y 206 las organizaciones de ayuda que operan en estas zonas han sufrido «alteraciones operativas significativas», incluido el robo por parte de grupos armados de al menos diez vehículos, de los cuales solo dos han sido recuperados.
En este sentido, ha hecho hincapié en que «se debe permitir a las organizaciones humanitarias un acceso seguro y sin trabas para prestar asistencia vital sin interferencias» y ha pedido a las partes en conflicto que «respeten el Derecho Internacional Humanitario, observen los principios humanitarios, se abstengan de obstaculizar las operaciones humanitarias y faciliten la entrega segura y sin trabas de asistencia a quienes la necesitan».
El TPLF anunció el 23 de septiembre el inicio de una «guerra defensiva» frente a las tropas federales de Etiopía y recalcó que había tomado esta decisión «tras la intensificación de la invasión a través de varios métodos por parte del autocrático y genocida régimen del Partido de la Prosperidad (PP) de Abiy —en referencia al primer ministro etíope, Abiy Ahmed— contra el pueblo de Tigray», después de semanas de tensiones y aumento de los ataques a pesar del acuerdo de paz firmado en 2022 en Sudáfrica.
El citado pacto, alcanzado en Pretoria tras dos años de guerra en el norte de Etiopía, implicó que Tigray quedara en manos de un gobierno provisional aceptado por las autoridades federales del país. Sin embargo, a principios de mayo el TPLF se hizo con el control de las autoridades regionales, lo que provocó unas tensiones y acusaciones cruzadas sobre incumplimientos de los términos de lo pactado.
