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La Comisión Electoral Central de Israel ha aprobado este miércoles inhabilitar a Ofer Cassif, un diputado opositor del Partido Comunista Israelí, que se enmarca en la alianza de izquierda Hadash-Taal, por negar la existencia de Israel como un «Estado judío y democrático».
La medida, que ha salido adelante con 19 votos a favor y 5 en contra, había sido presentada por la formación Likud del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y busca bloquear su participación en las elecciones previstas para el próximo 27 de octubre en el país.
La votación —que ha contado con el apoyo de la coalición opositora Azul y Blanco, además del partido sionista Israel Beitenu— se respalda en la propia Ley Básica israelí, que apunta a que los miembros de la Knesset (el Parlamento de Israel), pueden ser sujetos a prohibiciones de este tipo si realizan declaraciones que nieguen la existencia de Israel como un Estado judío.
Cassif, miembro de Hadash, que concurre a las elecciones como parte de la alianza formada junto a Taal y Balad, de mayoría árabe, ocupa el sexto puesto en la lista de dicha coalición y es uno de sus pocos candidatos judíos, si bien su inhabilitación era esperada dada la naturaleza del comité, integrado por representantes de los propios partidos de la Knesset.
No obstante, la medida queda ahora en manos del Tribunal Supremo, donde es poco probable que se ratifique, habida cuenta del criterio generalmente estricto de la corte a la hora de tomar este tipo de decisiones. Ya en 2019, el tribunal bloqueó un proceso de inhabilitación similar contra Cassif.
«Esta comisión es política y no esperaba nada de ella», declaró Cassif tras la votación, antes de señalar que está «convencido de que el Tribunal Supremo anulará la decisión», según informaciones recogidas por la cadena de televisión pública israelí Kan 11.
Cassif es uno de los principales críticos de la ofensiva contra Gaza dentro del Parlamento y ha rechazado las acusaciones vertidas en su contra, las cuales considera «motivadas por cuestiones políticas». Además, ha señalado que se trata de una «tergiversación de la oposición a la política gubernamental» cuando se habla de «apoyo al enemigo, deslealtad y perjuicio al Estado».
«Mi deber público no es con el Gobierno y sus lacayos, ni con la hegemonía gobernante, sino garantizar que nuestros hijos e hijas vivan en justicia y paz, y que no sean arrastrados a cometer crímenes de guerra bajo el pretexto de la necesidad y la venganza», ha defendido.
«Al hacerlo, estoy sirviendo a la sociedad de manera más fiel, humana, democrática y judía que cualquiera de los firmantes de esta insensata petición de inhabilitación», ha apostillado.
El político israelí ya fue suspendido durante seis meses en 2024 por sus críticas al Ejército de Israel y a la ofensiva en la Franja de Gaza, desatada como respuesta a los ataques del 7 de octubre por parte de Hamás y otros grupos armados palestinas en suelo israelí.
