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Los participantes de la acampada por el derecho a la vivienda en la plaza del Rossio de Lisboa se han dividido este lunes entre levantar el campamento o mantenerlo, tras una asamblea popular en la que han votado a favor de la permanencia en la plaza aunque sin definir una estrategia concreta respecto a la retirada de las tiendas de campaña.
La reunión, que comenzó a las 21.00 horas (hora local) y se prolongó durante más de dos horas, abordó de manera casi exclusiva la propuesta lanzada el sábado por una de las activistas más mediáticas del movimiento, Renata Cambra, quien sugirió retirar las estructuras para avanzar hacia otras formas de protesta, como las manifestación convocadas para los días 14 y 21 de este mes o un posible traslado de la movilización a las inmediaciones de la Asamblea de la República entre el 21 y el 24 de noviembre —fecha en la que se votarán los Presupuestos Generales del Estado para 2027—, según ha informado la agencia portuguesa de noticias Lusa.
Tras un «empate técnico» en una primera votación entre levantar o mantener el campamento, la asamblea volvió a someter a consulta la permanencia en el lugar. Por amplia mayoría se ha decidido continuar en el Rossio, si bien la cuestión específica sobre el futuro de las tiendas de campaña ha quedado pendiente de un pleno de delegados y de una nueva asamblea popular programada para la noche de este lunes.
De momento, las tiendas continúan instaladas tras 22 días de movilización en una plaza donde el Ayuntamiento de Lisboa prevé ubicar un mercado navideño.
La división en la capital contrasta con la postura adoptada en Oporto, donde los manifestantes votaron en asamblea general permanecer acampados en la céntrica Plaza de Don Juan I a pesar de los pronósticos meteorológicos adversos y las fuertes lluvias, manteniendo erigidas unas 70 tiendas de campaña en el enclave, según detalló la televisión pública RTP.
El mantenimiento de las acampadas coincide con un marco judicial tras el reciente fallo del Tribunal Administrativo del Círculo de Lisboa que autorizó la presencia de las tiendas de campaña hasta el 24 de noviembre al primar el derecho fundamental de manifestación.
Mientras el Gobierno conservador de Luís Montenegro ha matizado que la resolución judicial se circunscribe a un caso «individual» y no avala el derecho general a acampar en el espacio público, la oposición ha calificado el dictamen de «estruendosa derrota» del Ejecutivo.
Por su parte, la crisis política se ha agudizado ante las críticas del Partido Socialista (PS) sobre la «incompetencia» gubernamental para abordar el problema de la vivienda y los ataques del partido de extrema derecha Chega contra el primer ministro por su gestión del conflicto.
