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El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha rechazado la solicitud de urgencia presentada por el Gobierno de Estados Unidos, liderado por Donald Trump, para obligar al estado de California a separar y no contabilizar de forma preventiva cerca de 20.000 votos por correo correspondientes a electores a los que la Administración federal señalaba como posibles «no ciudadanos», de cara a las próximas elecciones de medio mandato que se celebran este martes en el país.
A través de una breve providencia judicial difundida este lunes, el Alto Tribunal confirma que la petición cautelar planteada por la representación legal del Ejecutivo ha sido denegada. De esta manera, la decisión judicial permite a las autoridades electorales de California reccontar estas papeletas con normalidad en las 'midterms'.
La Administración Trump instó en esta misma jornada al Tribunal Supremo a intervenir de urgencia para impedir el recuento de dichos votos. La petición, canalizada a través del procurador general John Sauer, reclama una medida cautelar «modesta» consistente en segregar estas papeletas de las consideradas válidas hasta que pueda verificarse la ciudadanía de los electores. Según el documento remitido al Alto Tribunal, el Ejecutivo sostiene que la ley federal prohíbe expresamente el voto de extranjeros y advierte de que el recuento de estos sufragios causaría un «daño irreparable» a la integridad del proceso electoral al diluir los votos legítimos.
Esta ofensiva legal choca frontalmente con las decisiones previas de los tribunales inferiores. El 9º Circuito de Apelaciones y el juez federal David O. Carter —quien rechazó la orden de restricción el pasado 29 de octubre— denegaron la solicitud gubernamental argumentando que el método utilizado por Washington para cruzar datos migratorios está «plagado de incertidumbres y errores» y podría privar del derecho al voto a ciudadanos estadounidenses legales.
Asimismo, las instancias previas han advertido de que forzar a las autoridades locales a implementar un nuevo sistema de segregación de votos en la víspera electoral supondría una injerencia inconstitucional en las competencias de California, amenazando con desestabilizar el recuento a escasas horas de los comicios.
En su recurso ante el Supremo, el procurador general defiende que el Gobierno federal tiene pleno derecho y jurisdicción para hacer cumplir sus propias leyes electorales por encima de las regulaciones estatales, amparándose en la Cláusula de Supremacía.
El documento judicial argumenta que la separación preventiva de los votos cuestionados es una medida rutinaria contemplada incluso en la legislación electoral californiana, y subraya que no se trata de cancelar sufragios, sino de permitir el tiempo necesario para resolver la legalidad de los mismos sin afectar a los resultados definitivos.
