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El Ejército de Sudán ha detenido a Ahmed Harun, un exministro del Interior sudanés acusado de crímenes de guerra durante el conflicto en Darfur, según ha denunciado su partido, el disuelto Partido del Congreso Nacional (NCP, según sus siglas en inglés) que estuvo encabezado por Omar Hasán al Bashir hasta su derrocamiento en 2019.
La formación ha señalado en un comunicado publicado en redes sociales que Harun, quien en la actualidad encabeza el partido de forma interina y se encontraba fugado desde hace más de tres años, fue detenido el domingo «sin motivo alguno» y ha reclamado su liberación «inmediata», sin que las Fuerzas Armadas o las autoridades sudanesas se hayan pronunciado por ahora sobre la situación.
Asimismo, ha denunciado que fue detenido apenas un día después de aparecer en televisión para abordar la guerra desatada en abril de 2023 entre el Ejército y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), antes de resaltar que este paso «contradice los llamamientos oficiales a un diálogo nacional».
De hecho, el partido —fundado en 1998 y de corte islamista— ha alertado de que este tipo de acciones por parte de las autoridades de Jartum «amenaza la unidad del frente nacional» y ha incidido en que Harun «ni siquiera criticó la gestión del Estado» durante su intervención, antes de recordar que el país africano hace frente en la actualidad a «una guerra bárbara».
«Esta situación exige que todos actúen con sentido de la responsabilidad. Es inaceptable involucrar a quienes han dedicado su vida a defender su causa y su patria en disputas mezquinas sobre la gobernanza y el poder», ha dicho el NCP, que ha reiterado que «el uso de las instituciones para perseguir a patriotas, mientras se omite iniciar procedimientos legales contra quienes cometen actos de traición a la patria, representa un peligroso alejamiento de los principios de justicia y del Estado de derecho».
Harun dio el sábado una entrevista a un periodista sudanés para su publicación en un podcast, encuentro en el que habló del colapso del régimen de Al Bashir en 2019 y los orígenes de las RSF, además de negar lazos de coordinación entre su partido y el Ejército —tal y como denuncian los paramilitares— y asegurar que, de hecho, el jefe de las Fuerzas Armadas y presidente del Consejo Soberano de Transición, Abdelfatá al Burhan, no apoya tesis islamistas, según recoge el portal de noticias Sudan Tribune.
En esta línea, defendió que, si bien el NCP y el Ejército no están alineados políticamente, ambos están unidos en lo referido a su posicionamiento contra las RSF, lideradas por Mohamed Hamdan Dagalo, conocido popularmente como 'Hemedti' y creadas en 2013 bajo el mando de los temidos Servicios de Inteligencia y Seguridad Nacional (NISS) de Al Bashir como una reestructuración de las citadas milicias 'yanyauid', responsables de atrocidades durante la guerra en Darfur.
Es, de hecho, el conflicto en Darfur el que llevó al TPI a imputar a Al Bashir —encarcelado en Sudán tras varias condenas— por genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. El expresidente, de 82 años, fue recientemente trasladado a un hospital militar de Jartum tras sufrir un problema de salud.
Asimismo, presentó cargos contra otros seis altos cargos sudaneses, entre ellos Alí Kushaib —antiguo alto cargo de los 'yanyauid' condenado en diciembre de 2025 por el tribunal a más de 20 años de cárcel— y el propio Harun, quien fue además gobernador de Kordofán Sur y Kordofán Norte entre 2009 y 2019.
Harun, contra el que pesan 20 cargos por crímenes contra la humanidad y 22 por crímenes de guerra, fue detenido junto a Al Bashir y otros altos cargos durante el golpe de Estado militar de febrero de 2019, dado tras semanas de movilizaciones prodemocráticas en el país africano, si bien las nuevas autoridades declinaron entregarlo al TPI argumentando que tenían capacidad para juzgarlo.
Sin embargo, Harun logró escapar de la prisión de Kobar junto a otras personas vinculadas a Al Bashir durante una fuga registrada al hilo del caos derivado del estallido de la guerra civil de 2023, tras lo que aseguró en un comunicado que estaba dispuesto a comparecer ante los tribunales una vez que la normalidad hubiera sido restablecida.
Harun afirmó en un mensaje de audio que durante la fuga había recibido ayuda por parte de guardias de la prisión y militares, sin más detalles, antes de argumentar que la huida fue parte de una decisión para «protegerse» ante lo que describió como una situación de «escasez de seguridad, agua, comida y tratamiento, así como la muerte de muchos prisioneros en Kobar».
Posteriormente, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció en enero de 2024 una recompensa de hasta cinco millones de dólares (alrededor de 4,46 millones de euros) por información que permitiera la detención de Harun, recordando que sobre el pesan cargos por crímenes de guerra y contra la humanidad por parte del TPI, entre ellos asesinatos, persecución, torturas, violaciones, saqueos y actos inhumanos en el marco de la guerra en Darfur.
«Harun está acusado de reclutar, movilizar, financiar y armar a la milicia 'yanyauid', precursora de las RSF, así como de participar en atrocidades que incluyen asesinatos, violaciones, torturas, traslados forzosos de población, persecución y otros actos inhumanos», esgrimió, antes de defender que «es fundamental que Harun sea localizado y que comparezca ante el TPI para responder por los cargos que se le imputan».
La actual guerra civil en Sudán estalló en abril de 2023 a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar en el seno de las Fuerzas Armadas, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.
El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.
