Artículo completo
El representante republicano por Kentucky Thomas Massie ha registrado una petición de juicio político —'impeachment'— contra el secretario de Defensa, Pete Hegseth, al que acusa de librar una guerra «ilegal» contra Irán sin que hubiera previamente «declaración de guerra, autorización legal, ataque contra Estados Unidos ni amenaza inminente».
«Al participar en hostilidades en Irán durante más de 90 días sin autorización del Congreso, el secretario Hegseth está infringiendo la ley y debe rendir cuentas», ha manifestado Massie en un comunicado acerca del proceso emprendido contra el jefe del Pentágono, al que acusa de «violaciones constitucionales (...) más allá de la guerra ilegal en Irán».
En este sentido, lo acusa de «abusar de su cargo para ignorar las resoluciones del Congreso sobre poderes de guerra, secuestrar a líderes extranjeros e intimidar a críticos de la Administración (de Donald) Trump, tomando represalias contra ellos por ejercer su libertad de expresión».
«Si hemos de ser fieles a nuestro juramento de 'apoyar y defender la Constitución de los Estados Unidos', el Congreso no debe hacer la vista gorda ante las acciones inconstitucionales e ilegales del secretario Hegseth», ha reivindicado.
En concreto, el documento presentado le atribuye al jefe del Pentágono ocho cargos específicos, tres de ellos «en contravención» de la ley de Poderes de Guerra de 1973.
En primer lugar, Massie defiende que el titular de Defensa ha decidido «librar la guerra en Irán a pesar de no existir declaración de guerra, autorización legal, ataque contra Estados Unidos ni amenaza inminente», afirmando que «la guerra fue ilegal desde su inicio».
También argumenta que continuó la guerra «después de que ambas cámaras del Congreso ordenaran la retirada de las fuerzas estadounidenses mediante resolución», centrándose así en «su negativa a acatar la orden expresa del Congreso de poner fin a las hostilidades no autorizadas».
Asimismo, lo acusa de «continuar las hostilidades en Irán tras expirar el plazo de 60 días para el cese de operaciones establecido en la Resolución sobre Poderes de Guerra, así como cualquier posible periodo de retirada de 30 días».
Paralelamente, le atribuye cargos en otras campañas del Pentágono distintas a la de Irán, como el «secuestro de un líder extranjero soberano» al dirigir la operación «para capturar a (el presidente de Venezuela) Nicolás Maduro y (la primera dama) Cilia Flores en Venezuela sin contar con autoridad constitucional o legal».
De igual manera, le imputa «ejecuciones extrajudiciales», argumentando que Hegseth ha sustituido «la aplicación de la ley marítima por ataques militares letales no autorizados contra presuntos narcotraficantes, lo que ha resultado en al menos 221 muertes», en alusión a los bombardeos estadounidenses contra supuestas narcolanchas en aguas del mar Caribe y del océano Pacífico oriental. En este epígrafe suma «la negativa a dar cuartel, los ataques secundarios contra supervivientes, la omisión de socorro a náufragos y la creación de autoridades legales artificiales para la campaña».
Además, señala al jefe del Pentáfono como responsable de una segunda «guerra ilegal», esta vez en Yemen, al afirmar que inició la ofensiva contra los rebeldes hutíes «sin autorización del Congreso ni una amenaza inminente para Estados Unidos, incumpliendo además los requisitos de notificación sobre poderes de guerra». A este respecto, Massie ha añadido «las numerosas muertes de civiles y los ataques ilegales contra bienes civiles, equipos de rescate y otras personas protegidas» como acciones englobadas en la misma campaña.
Por otro lado, incluye una denuncia por «ignorar leyes destinadas a minimizar las bajas civiles», sin precisar dónde o cuándo, y otra por «utilizar la autoridad del Departamento de Defensa para tomar represalias e intimidar al senador Mark Kelly debido a sus declaraciones —protegidas constitucionalmente— en las que cuestionaba órdenes militares ilegales», en alusión al intento de Hegseth de degradar y retirar la pensión de jubilación militar al citado congresista.
