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La presidenta peruana, Keiko Fujimori, ha sido denunciada por la vía penal por mantener en el cargo a la fiscal general, María Caruajulca Quispe, pese a estar procesada por la vía penal, lo que la inhabilitaría para el cargo.
La denuncia, que incluye también a los expresidentes Dina Boluarte, José Jerí y José María Balcázar y a sus respectivos ministros de Justicia, considera que se ocultó que la titular de la Procuraduría General del Estado tenía un proceso penal activo en su contra. La denuncia, por lo que los ministros y presidentes tenían la obligación legal de cesarla y no lo hicieron.
Caruajulca fue restituida en el cargo en mayo de 2024 mediante una resolución suprema que ejecutó una sentencia de amparo pese a que desde hacía meses tenía un proceso penal formalizado por el propio Ministerio Público con el Ministerio de Justicia como agraviado directo.
La denuncia alega que un acto administrativo basado en información falsa u oculta no se puede dar por válido, ni siquiera si ya ha sido ejecutado.
La denuncia recuerda que el 26 de enero, el 15º Juzgado Penal Unipersonal de Lima Norte dictó una sentencia condenatoria de primera instancia contra Caruajulca. Cuando el actual Gobierno ya había funciones, la procuradora ya no solo tenía un proceso abierto, sino una condena judicial en su contra que, según el denunciante, agravó su situación y reforzó la obligación de cesarla.
