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Colombia refuerza la seguridad de diez alcaldes en Bolívar ante la presión violenta de los grupos armados

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Lo esencial

El gobierno colombiano ha reforzado la seguridad de diez alcaldes en el sur de Bolívar y ha implementado medidas militares para recuperar el control de la región.

Por qué importa

Importa porque la seguridad de los alcaldes y la población civil está en riesgo debido a la disputa entre grupos narcoterroristas.

Qué ocurrió

El gobierno colombiano ha anunciado medidas de seguridad adicionales para diez alcaldes en el sur de Bolívar, una región en disputa entre el ELN, disidencias de las FARC y el Clan del Golfo. Estos grupos luchan por controlar la minería ilegal de oro y el tráfico de combustible, lo que ha llevado a ataques con drones y extorsiones. El ministro de Interior, Rodrigo Lara, y el de Defensa, Jorge Mora, han reconocido fallos en los protocolos de protección y han decidido dotar a los alcaldes de vehículos blindados y sistemas antidrones.

Entre líneas

El gobierno actual critica al anterior por no proteger adecuadamente a los alcaldes, sugiriendo que los recursos se destinaban a personas influyentes. Esto implica que la situación de inseguridad ha sido ignorada o mal gestionada hasta ahora.

Qué esperar

El gobierno colombiano planea reconstruir estaciones de Policía en municipios afectados por ataques recientes, como Río Viejo, Norosí y Arenal.

La clave

El ministro Lara ha asegurado que la seguridad de los representantes del Estado es una prioridad para este gobierno.

Artículo completo

El Gobierno de Colombia ha anunciado este sábado el refuerzo de las medidas de seguridad para diez alcaldes del sur del departamento de Bolívar, en el noroeste del país, y la implementación de medidas militares para recuperar el control de esta región, donde actualmente existe una disputa entre grupos narcoterroristas.

El ministro de Interior, Rodrigo Lara, junto con el de Defensa, Jorge Mora, y los altos mandos militares y policiales se han reunido con las autoridades locales para evaluar el deterioro del orden público provocado por la disputa territorial entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo en el territorio.

Dicha disputa se produce, principalmente, por controlar los flujos de la minería ilegal de oro y el tráfico de combustible. Ahora, la zona está siendo golpeada por los ataques con drones, extorsiones contra la población civil y las autoridades locales.

Durante la cita, el Gobierno colombiano ha reconocido graves problemas en los protocolos de protección y ha identificado que ninguno de los mandatarios locales de esta demarcación contaba hasta ahora con vehículos blindados de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

«El Gobierno anterior sí llenaba de camionetas y escoltas a influenciadores y amigos que no los necesitaban. Eso lo vamos a cambiar», ha criticado el ministro Lara, señalando directamente al Gobierno anterior del izquierdista Petro.

Asimismo, los ministros han acordado dotar urgentemente a la fuerza pública desplegada en la zona con sistemas tecnológicos antidrones e implementar redes de videovigilancia.

«La seguridad de quien representa al Estado en el territorio es una prioridad para este gobierno», ha asegurado Lara en una publicación en sus redes sociales.

El plan estatal contempla la reconstrucción y apertura de nuevas estaciones de Policía, con el fin de reemplazar las instalaciones destruidas en los últimos ataques atribuidos a los grupos armados en los municipios de Río Viejo, Norosí y Arenal.

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