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El primer ministro de Bangladesh, Tarique Rahman, ha afirmado ante la Asamblea General de Naciones Unidas que la acogida de «más de 1.200.000 rohingyas de Birmania desplazados forzadamente» aplica una «presión incalculable» sobre su país, por lo que ha pedido su «retorno seguro y temprano» a Birmania.
«Bangladesh ha acogido a más de 1.200.000 desplazados forzados, rohingyas de Birmania», ha afirmado Rahman ante la Asamblea, subrayando que «esto ejerce una presión incalculable sobre nuestros recursos, medio ambiente, seguridad y comunidades locales».
Al hilo, y manifestando que «la fuente y el origen de la crisis rohingyas radica en Birmania», ha argumentado que, «por ende, su solución también se encuentra allí». «La única solución a este problema es un retorno seguro y temprano de los rohingyas desplazados a su tierra, Birmania», ha alegado.
Por ello, y a fin de «darle una solución duradera a la crisis», el mandatario bangladesí ha pedido «un apoyo efectivo y contundente de Naciones Unidas y la comunidad internacional» en ese mismo sentido, así como en cuanto a la continuación del «apoyo a través de programas de asistencia vital para los rohinyás desplazados hasta que puedan ser repatriados a su país, Birmania».
«Si la comunidad internacional no puede garantizar que se haga justicia para el pueblo rohingya desplazado, esto podría transformarse en una crisis humanitaria en un futuro no muy lejano», ha alertado.
Rahman ha puesto así sobre la mesa los reclamos de Daca acerca de los refugiados rohingyas llegados a su país desde el masivo éxodo por el Ejército birmano en 2017. Desde entonces, cientos de miles sobreviven en el inmenso campamento de refugiados de Cox's Bazar, en Bangladesh, amenazados por la superpoblación, las enfermedades, las tormentas y los incendios, provocados o involuntarios, además de en un limbo institucional.
Mientras, Birmania sigue sumida en una guerra civil aún por resolver desde que estallara con el golpe de Estado de 2021 que colocó en el poder al actual presidente, Min Aung Hlaing. Desde entonces, más de 8.300 personas han muerto en todo el país en el marco de las operaciones llevadas a cabo por la junta y cerca de 22.600 todavía siguen detenidas, según datos de la Asociación de Asistencia para Presos Políticos de Birmania (AAPP).
