El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha manifestado este lunes su inquietud ante el «empeoramiento» de la situación de seguridad en Etiopía y la formación de la Coalición por la Supervivencia de las Fuerzas Populares Etíopes (CSFPE), integrada por siete grupos políticos, algunos de ellos armados, para expulsar del poder al Partido de la Prosperidad del primer ministro Abiy Ahmed e instaurar un gobierno amplio de transición.
«Nos preocupa profundamente el empeoramiento de la situación de seguridad y los recientes acontecimientos en Etiopía, incluida la formación de una nueva coalición de grupos armados y las noticias sobre la persistencia de la inseguridad y los ataques con drones», ha señalado su portavoz Stéphane Dujarric, en rueda de prensa desde Nueva York.
Guterres ha pedido a «todas las partes» que se abstengan de llevar a cabo acciones y hacer declaraciones «que puedan agravar aún más la situación» ante un contexto en la región de «tensiones crecientes».
El diplomático portugués ha emplazado asimismo a los distintos actores políticos que a que «renueven su compromiso con el diálogo», defendiendo que «la acción militar no resolverá las diferencias políticas ni abordará los motivos de descontento subyacentes», y ha reafirmado el apoyo de Naciones Unidas a los esfuerzos de la Unión Africana para «impulsar la aplicación del Acuerdo de Pretoria» (Sudáfrica) firmado hace cuatro años.
Sus palabras llegan apenas un día después de que siete grupos —Movimiento Nacional Amhara Fano, el Ejército de Liberación Oromo, Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF), el Frente Nacional de Liberación de Ogaden, el Frente Nacional de Unidad de Afar, el Movimiento Popular de Liberación de Benishangul y el Movimiento Democrático Popular de Gumuz— hayan conformado la Coalición por la Supervivencia de las Fuerzas Populares Etíopes (CSFPE) con la «expulsión» del Ejecutivo como objetivo inmediato y la creación de un gobierno de transición interino e incluyente gobernado por una Carta Transicional que buscará «poner fin a los conflictos armados y responder a las crisis de seguridad, humanitaria, social y económica» de Etiopía.
La Coalición por la Supervivencia acusa al Gobierno de inacción frente a la inseguridad, el conflicto armado, el desplazamiento de población, la pobreza y la erosión de los derechos democráticos y los derechos humanos. Carga así contra un «régimen dictatorial personalista y genocida» de Abiy Ahmed por traer al país «la guerra, el genocidio y la destrucción» que podrían provocar la «total desintegración» de la nación.
El Ejecutivo dio en julio por disuelto el acuerdo de paz firmado en 2022 en Pretoria con el TPLF, con lo que se reanudaba una guerra que, en solo dos años (2020-2022), dejó entre 100.000 y 600.000 muertos, dependiendo de la fuente.
Tras el acuerdo de Pretoria, Tigray permaneció bajo un gobierno privisional aceptado por las autoridades federales del país hasta el retorno del TPLF al poder regional a principios del mes de mayo. Desde entonces han denunciado en innumerables ocasiones al Gobierno etíope por incumplir los términos pactados en Pretoria y de mantener a la región en un estado de completa marginación.
El Gobierno federal, por su parte, no ha reconocido a la administración reinstaurada y ha insistido en que la única autoridad vigente en la región es la Administración Regional Provisional de Tigray, establecida en virtud del Acuerdo de Pretoria, y ahora desplazada por el TPLF.
