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La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga la entrada masiva a Ceuta de personas procedentes de Marruecos a finales de julio, escuchará esta semana como testigos al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, así como al exjefe de gabinete de la Delegación del Gobierno Gonzalo Sanz y al jefe de la Policía Local ceutí.
Vivas prestará declaración el próximo miércoles, mientras que el exjefe de gabinete y el responsable policial están citados el jueves.
El presidente ceutí ya avanzó en varias entrevistas en televisión que tiene intención de informar en sede judicial de todas las llamadas y alertas que envió al Gobierno central en los días previos a los hechos.
Vivas afirmó que es el primer interesado en conocer quién está detrás de lo que calificó como una «agresión a la integridad territorial», aunque se mostró convencido de que el responsable es Marruecos, puesto que considera impensable que las autoridades del país vecino no tuvieran conocimiento del desplazamiento de miles de personas hacia la frontera.
Un día después de Vivas, la jueza tiene previsto escuchar al exjefe de gabinete de la Delegación del Gobierno, que dimitió semanas atrás después de conocerse que recibió mensajes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a través de WhatsApp y mantuvo una conversación telefónica de unos once minutos con un agente del servicio de inteligencia el 29 de julio, un día antes de los hechos.
Al asumir la causa, Tardón apuntó a «permisividad» y «una clara e indudable gestión favorecedora del proceso desde el territorio del Reino de Marruecos» que «se evidencia a través del constatado y gráficamente contrastado comportamiento de las Fuerzas de Seguridad de Marruecos».
La magistrada acordó estas declaraciones testificales una semana después de admitir la personación de Ceuta como acusación particular en el proceso, al entender que la ciudad autónoma fue «víctima directa e inmediata» de los «graves hechos» sucedidos en la frontera del Tarajal, que provocaron la muerte de al menos 83 personas en su intento de llegar a territorio español.
En un informe encargado por Tardón, el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional achacó a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad marroquíes «el guiado activo de la masa hacia los lugares de paso» durante la entrada masiva de personas, señalando que hubo «planificación» tanto «previa» como «táctica».
El CENIF también advirtió de que lo ocurrido no fue «incidental», «ocasional» ni «espontáneo» y apuntó a la existencia de «una autoría intelectual anterior y otra material» relacionada con «funciones de seguimiento y control».
En ese sentido, la Policía subrayó que hubo uniformados marroquíes que habrían dado «indicaciones a las personas que cruzaron irregularmente la frontera para superar obstáculos» y habrían «organizado el acceso a la zona de vehículos de gran tonelaje con gran cantidad de inmigrantes».
Y resaltó la presencia de «agentes dinamizadores» no uniformados, «de complexión fuerte o atlética» y con un comportamiento que «no encaja con la dinámica de comportamiento de la masa que realiza la entrada y salida de territorio español».
