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El Tribunal Supremo encara este nuevo año judicial con la vista puesta en las seis causas abiertas que tiene el eurodiputado y líder de Se Acabó La Fiesta (SALF), Luis 'Alvise' Pérez, tras un año marcado por las condenas al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz y al exministro de Transportes José Luis Ábalos.
La Sala de lo Penal del alto tribunal ocupó buena parte del espacio mediático durante la celebración de ambos juicios y las sentencias provocaron un notable revuelo político por la cercanía de los condenados con el Ejecutivo. Pero cerrados ambos casos, la Sala Segunda afrontará este año las causas de 'Alvise' como prácticamente las únicas investigaciones en su calendario.
El líder de SALF consiguió por primera vez tres eurodiputados en las elecciones al Parlamento Europeo de 2024, lo que le otorgó la inmunidad parlamentaria y también su aforamiento ante el Tribunal Supremo, encargado ahora de investigarle. En algunas de las causas, el Parlamento Europeo ha aceptado levantarle la inmunidad, después de haberlo solicitado el alto tribunal.
Las seis causas que tiene abiertas son las siguientes: supuesta financiación ilegal de su partido; presunto acoso a la fiscal delegada de delitos de odio en Valencia, Susana Gisbert; presunto acoso y revelación de secretos contra los dos eurodiputados elegidos junto a él en las listas de SALF; presuntas coacciones al alcalde de Algeciras (Cádiz) y senador, José Ignacio Landaluce; la difusión de una PCR falsa del presidente de Cataluña y exministro de Sanidad, Salvador Illa, y presunto desorden público por mensajes durante una protesta agrícola.
El 11 de abril de 2025, el magistrado de la Sala Segunda Julián Sánchez Melgar abrió la primera causa al líder de SALF por presunta financiación ilegal al apreciar indicios de presuntos delitos de estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental. Una causa en la que el Parlamento Europeo acordó la suspensión de su inmunidad parlamentaria.
Todo ello después de que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama remitiera al Supremo una exposición razonada en la que interesaba que el alto tribunal le investigue por un presunto delito de financiación ilegal y por un delito electoral por los 100.000 euros que recibió del empresario Álvaro Romillo, alias 'Cryptospain', para su formación política.
Precisamente, Romillo se encuentra en prisión provisional y al borde del banquillo después de que Calama le procesara a él y a otras nueve personas en diciembre por unos hechos que podrían ser constitutivos de delitos de estafa agravada, organización criminal, blanqueo de capitales, y falsedad de documentos mercantiles, y diera por concluida hace pocas semanas la instrucción.
'Alvise' declaró de manera voluntaria en julio de 2025 que sí recibió 100.000 euros de Romillo pero negó que los usara para la campaña de SALF a las elecciones europeas del 9 de junio de 2024. Por su parte, Romillo, aseguró que le dio el dinero para el partido.
Pérez explicó que recibió el dinero de 'CryptoSpain' por la charla que dio sobre «libertad financiera» en el Hipódromo de Madrid en un acto organizado por el empresario, detallando que el dinero se lo dieron dos trabajadores de éste en sus instalaciones de Centinel, en un maletín negro con diez fajos de 10.000 euros cada uno en billetes de 50 y 100 euros. El eurodiputado dijo que se llevó ese dinero a su casa y declaró que lo usó para gastos personales y profesionales.
El mismo día que el Supremo abrió la investigación por la presunta financiación ilegal, también abrió diligencias por la difusión de una PCR falsa que el eurodiputado atribuyó a Salvador Illa, un procedimiento que comenzó en 2021 en un juzgado de Barcelona.
No obstante, tras la incorporación de 'Alvise' a la Eurocámara, el Supremo se convirtió en el tribunal competente para investigarlo, de ahí que el juzgado catalán le remitiera el asunto, aunque con defectos formales, lo que ralentizó el proceso.
El líder de SALF también declaró voluntariamente ante el magistrado instructor de esta causa, Javier Hernández, en junio del año pasado. 'Alvise' se desmarcó de la creación de la PCR falsa y aseguró que era «un documento que ya estaba circulando masivamente por todas las redes sociales».
«Era un documento que ya estaba circulando masivamente por todas las redes sociales. (...) Y le he dado las oportunas explicaciones de que no había ningún elemento de mala fe o de injuria hacia el señor Illa», señaló en declaraciones a los medios de comunicación.
La tercera causa en la que 'Alvise' está imputado tiene que ver con los mensajes que difundió a través de su cuenta de Telegram contra la fiscal Susana Gisbert. El Supremo abrió diligencias en mayo de 2025 al entender que pudo haber actuado con «intención voluntaria y consciente de comprometer» la vida de la representante del Ministerio Público.
El eurodiputado también declaró voluntariamente en junio de 2025 ante el magistrado Juan Ramón Berdugo, que instruyó la causa hasta su jubilación este mismo año, sustituyéndole el juez Eduardo de Porres, y enmarcó en la «crítica política» y en la «libertad de expresión» el presunto acoso en redes sociales a Gisbert.
La fiscal, por su parte, ha declarado como testigo esta semana que los mensajes que recibió afectaron a su vida personal y profesional, llegando a perjudicar a su propia hija, a la que, según indicó, intentaron acceder a sus cuentas de redes sociales.
Al igual que en la causa por presunta financiación ilegal, el Parlamento Europeo también acordó suspender la inmunidad parlamentaria del líder de SALF en esta causa. Son las dos únicas en las que ha ocurrido, por el momento.
En octubre de 2025, el Supremo, en línea con el criterio de Fiscalía, admitió a trámite la querella por presuntos delitos de acoso y revelación de secretos interpuesta el pasado por los eurodiputados de SALF, Diego Soler y Nora Junco, contra 'Alvise', en la que denunciaban que venían siendo víctimas de una «continua campaña de hostigamiento» a través de las redes sociales y que incluso habían llegado a «temer por su integridad física», al revelar también el lugar en el que se encontraban.
En esta causa, el magistrado instructor, Manuel Marchena, aprecia «una intención voluntaria y consciente de comprometer, de manera significativa, el normal desarrollo de la vida cotidiana de sus víctimas, a partir de la persecución que pudieran desplegar las numerosas personas que llegaran a sentirse concernidas por su llamamiento público».
El eurodiputado, en una declaración voluntaria, reconoció los mensajes, aunque negó que su intención fuera amenazarlos. La Eurocámara ya ha iniciado los trámites para levantar la inmunidad de 'Alvise' también en esta causa, aunque aún no se han completado.
Este marzo, el Supremo acordó abrir la quinta causa al eurodiputado, en esta ocasión a raíz de una querella presentada en su contra por el alcalde de Algeciras (Cádiz) y senador del Grupo Mixto, José Ignacio Landaluce, por presunto delito de amenazas.
Mediante un auto, el alto tribunal explicó que la querella apuntaba a delitos de coacciones y de amenazas condicionales con carácter subsidiario, si bien la Sala de lo Penal aprecia indicios solo del segundo y designó instructor al magistrado Antonio del Moral.
Por último, la jueza Carmen Lamela instruye la sexta causa en la que está imputado 'Alvise': por un presunto delito de desorden público por unas publicaciones en su canal de Telegram con «llamamientos reiterados a la ocupación, bloqueo y colapso» de diferentes espacios durante unas protestas agrícolas en 2024.
