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El magistrado Manuel José Rey Bellot que instruye la causa del caso Mascarillas de Almería, por el que se investiga la presunta contratación irregular y el cobro de 'mordidas' a través de la Diputación Provincial de Almería ha citado a declarar este viernes a varios testigos para avanzar en sus pesquisas, entre ellos, al exalcalde de Cantoria Pedro Llamas.
Fuentes judiciales han confirmado a Europa Press que el instructor ha llamado a declarar a un total de 14 testigos, la mayoría de ellos empresarios y algunos trabajadores de la institución provincial, si bien las primeras sesiones previstas para los días 11 y 17 de septiembre quedaron pospuestas.
A la espera de que desde la Plaza 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Almería se vuelvan a concretar nuevas fechas, los primeros cuatro testigos comparecerán este viernes con la obligación de decir verdad en aquello en lo que se les pregunte por las partes.
Entre los testigos figura el exalcalde 'popular' de Cantoria Pedro Llamas, cuyo hermano y cuñada están investigados en la causa por su supuesta participación en las contrataciones de la trama a través de una mercantil.
El instructor ha tenido en cuenta a la hora de valorar su testimonio no solo la consideración de primer edil que ostentó Llamas sino también su aparición en los informes policiales efectuados por la UCO en las conversaciones mantenidas por el exvicepresidente tercero de la Diputación y exdiputado provincial de Fomento Óscar Liria.
Cabe recordar que durante su declaración como investigado el pasado mes de junio, José María Llamas admitió haber mantenido contactos con el exvicepresidente de la Diputación y exdiputado provincial de Fomento Óscar Liria para solicitar la adjudicación de obras licitadas por la institución.
La declaración del constructor y concejal 'popular' entre 2015 y 2019 dio un vuelco a los limitados interrogatorios realizados hasta ese momento, ya que según su versión, habría tenido encuentros en el despacho de Liria para abordar directamente unas contrataciones que, frente a la versión dada por el resto de investigados —quienes dijeron concurrir a pérdidas—, sí serían rentables y beneficiosas.
El juzgado se encuentra pendiente además de fijar una fecha para la comparecencia de varios peritos propuestos por la defensa del exvicepresidente tercero para analizar y ratificar o no, en su caso, los informes que forman parte de la causa.
El caso se encuentra aún pendiente de los informes definitivos por parte de la UCO derivados de los dispositivos electrónicos que se intervinieron en noviembre de 2025, cuando se produjo un registro en el Palacio Provincial y se efectuó el arresto, entre otros, del expresidente de la Diputación Javier Aureliano García y del exvicepresidente segundo Fernando Giménez.
La investigación judicial se centra, fundamentalmente, en el contrato público de suministro de material sanitario que, en la fase más aguda de la pandemia de covid-19, la Diputación de Almería adjudicó de forma supuestamente fraudulenta a la empresa Azor Corporate Ibérica por casi dos millones de euros para el cobro de comisiones de entre 200.000 y 400.000 euros.
La presunta dinámica ilegal detectada a raíz de dicho contrato se habría extendido, al menos, a través de las mercantiles Pulconal y OYC Servicios Urbanos, sobre las que existen indicios de una supuesta actividad «ficticia y simulada» en la que participaron los investigados.
La forma de actuar a través de este tipo de contrataciones se habría extendido a otras mercantiles, según los informes policiales, lo que habría dado lugar a un presunto sistema ilícito de adjudicaciones de contratos públicos con la Diputación Provincial de Almería como eje central.
La causa mantiene a 43 personas y entidades investigadas, cuyos representantes fueron llamados a declarar entre mayo y junio de este año. No obstante, la mayoría de los investigados se acogieron a su derecho a no declarar en esta fase de la instrucción a la espera de recibir los informes policiales aún en elaboración.
