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La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Fina Martínez, ha defendido que la evaluación de la alternativa elegida para la línea de alta tensión en la Sierra de la Contraviesa en la Alpujarra de Granada «no recoge impactos críticos».
En este sentido se ha pronunciado durante la comisión parlamentaria de su ramo en la que el grupo de Por Andalucía, a través del diputado Rafael Sánchez-Rufo, le ha preguntado cuántas alternativas se presentaron al proyecto, quién las propuso y si hubo estudios de parte de la propia Administración de otras alternativas «menos lesivas para el territorio».
En la exposición de la pregunta oral, Sánchez Rufo se ha referido a la línea eléctrica que ha considerado de «mayor impacto», de 9.787 metros sobre 39 apoyos, y que ha despertado la oposición de las comunidades locales, de vecinos y de organizaciones agrarias "por su afección al paisaje, por su afección a los sectores productivos, fundamentalmente a los paisajes vitivinícolas y a la actividad en la zona del Cerro de las Monjas.
El parlamentario de Por Andalucía no ha cuestionado los permisos, sino que ha puesto en duda que se hayan estudiado alternativas para minimizar el impacto de la infraestructura. «Nosotros estamos convencidos de que es necesario mejorar la infraestructura eléctrica, de que es necesario avanzar en el proceso de transición energética, pero también estamos muy convencidos de que la rentabilidad para las empresas no puede ser el único grifo», ha dicho.
La Fina Martínez ha asegurado en su respuesta que el procedimiento de evaluación ambiental de la instalación eléctrica en la Sierra de la Contraviesa ha incluido «el análisis de alternativas presentado por la entidad promotora y medidas para minimizar los efectos ambientales y paisajísticos del proyecto».
Martínez ha explicado que la alternativa y la integración paisajística se han abordado «con garantías de participación pública y con obligaciones concretas» y ha precisado que «el 11 de septiembre del 24, la Delegación Territorial de Granada resolvió la autorización ambiental unificada» para el proyecto que conecta dos líneas existentes entre la ermita y Barranco Oscuro.
La consejera ha recordado que corresponde al promotor plantear las alternativas en el estudio de impacto ambiental y a la Administración evaluarlas, y ha precisado que en este caso «se han analizado tres opciones, de cuya evaluación se ha derivado la alternativa elegida como óptima».
En este punto, Martínez ha concretado que «la evaluación ha considerado el impacto compatible, teniendo en cuenta las medidas correctoras y no ha identificado impactos críticos»; y ha añadido que «el informe de ordenación del territorio concluye que el proyecto es coherente con las determinaciones territoriales aplicables y no genera incidencia territorial negativa, aunque exige medidas correctoras para reducir su afección al paisaje durante toda la vida de la instalación».
La consejera ha informado de que el proyecto se sometió a información pública en BOJA y, además, se publicó en los tablones de los ayuntamientos afectados y no se recibió ninguna alegación.
Respecto a la integración visual de la infraestructura, Martínez ha precisado que los apoyos deberán recibir un tratamiento en tonos pardos, ocres o verduzcos acordes con el entorno y que deberá presentarse un estudio del impacto visual real «para verificar la imperceptibilidad de la infraestructura».
También ha añadido que se exige control arqueológico de los movimientos de tierra para construir el apoyo número 9 «y, en su caso, se podrán determinar medidas cautelares para proteger el patrimonio histórico de la zona afectada por la instalación».
La consejera de Medio Ambiente ha destacado que al respecto a las actividades agrícolas, «se priorizan los apoyos en las lindes y en las zonas menos productivas para aprovechar los caminos existentes», con la intención de minimizar el impacto sobre los sectores productivos de la comarca.
Finalmente, la consejera ha subrayado que las condiciones de una autorización ambiental avalada por la Junta de Andalucía «son obligaciones para el promotor».
