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El grupo socialista en el Ayuntamiento de Granada ha criticado que «la dejadez» del gobierno de Marifrán Carazo (PP) al paralizar la tramitación de los Planes Especiales de Protección (Pepri) del Albaicín y del Centro dejan al Consistorio sin herramientas legales para controlar el «aumento desmedido» de los pisos y apartamentos turísticos.
En una comparecencia celebrada en el Campo del Príncipe, el viceportavoz socialista, Eduardo Castillo, ha señalado que «mantener guardados en un cajón» estos instrumentos urbanísticos acelera la expulsión de las familias de los barrios históricos y «aboca al casco antiguo a convertirse en un espacio desprovisto de vida vecinal».
Castillo ha encuadrado el problema habitacional de la capital en la falta de vivienda protegida, la ausencia de topes a los alquileres y una «turistificación descontrolada». En este contexto, ha censurado que el gobierno local pretenda dar respuesta a estos retos con «herramientas de planeamiento de hace 30 años».
«Al congelar estos planes, la señora Carazo deja al Ayuntamiento sin herramientas ni cobertura legal para limitar las licencias turísticas o declarar zonas residenciales tensionadas», ha reprochado el concejal.
Los datos desglosados por el grupo socialista señalan que casi el 95 por ciento de la oferta turística de la capital se concentra en solo cuatro distritos: Albaicín, Centro-Sagrario, Realejo y Fígares.
Mientras los expertos fijan en el 10 por ciento el umbral máximo a partir del cual «se asfixia la vida de barrio y el comercio local», Castillo ha detallado que el Realejo o Plaza Nueva rozan ya el 20 por ciento de saturación y el Albaicín Bajo supera el 19,7 por ciento.
«Esto supone que uno de cada cinco inmuebles ya no es para que viva una familia granadina», ha enfatizado el edil, quien ha destacado que "la mayoría de los edificios que se rehabilitan en el centro o en el Albaicín se destinan al turismo y no a vivienda residencial.
El edil socialista ha recordado que, para aplicar limitaciones blindadas jurídicamente o acogerse a topes en el alquiler, la legislación exige contar con el Plan de Ordenación Urbana (POU) y los Pepri vigentes y adaptados, «unos ordenamientos que están obsoletos y que el gobierno de Carazo tiene paralizados».
Al respecto, ha señalado que el anterior gobierno del PSOE «dio grandes pasos en estos trámites dejando encauzado el Plan del Albaicín con más de 300 aportaciones vecinales, un documento que el actual ejecutivo de Carazo tiene totalmente paralizado por su negligencia», ha lamentado.
