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La organización Jucil ha solicitado tanto a la Dirección General de la Guardia Civil como a la Secretaría de Estado de Seguridad que suspenda la disolución del Puesto Principal de Roquetas de Mar (Almería), previsto para el próximo mes de diciembre, hasta que se dicte sentencia firme sobre la anulación de la orden que sustenta su creación, sentido en el que además han pedido una reunión «urgente».
En sendos escritos han reclamado que se deje de lado el posible traslado o adaptación orgánica que pueda suponer la salida de unidades o de personal de Roquetas de Mar hasta que el Tribunal Supremo indique si tramita recurso de casación al fallo de la Audiencia Nacional contra de la orden ministerial que reestructura la Dirección General de la Policía, el cual determinaba que la creación de la Comisaría de Roquetas carecía de la debida motivación jurídica y de estudios previos que la justificaran.
Jucil ha reclamado, en este sentido, que se mantengan la plantilla, las plazas y los destinos actuales al tiempo que se paralicen los ceses, las comisiones de servicio vinculadas al repliegue, la redistribución de plazas y el concurso restringido de vacantes hasta que no se clarifique la situación.
La entidad también ha pedido que antes del primer cese previsto se le comunique tanto a la asociación como al personal adoptado la decisión, así como si siguen vigentes las fechas del 1 y 15 de diciembre para comenzar los traslados que conllevarán la implantación de la Policía Nacional en la localidad.
En cualquier caso, desde Jucil se ha pedido que se fije «con carácter urgente» una nueva fecha para la reunión con el general jefe de la Zona de Andalucía para poder abordar la continuidad del puesto principal de Roquetas de Mar «antes de ejecutar cualquier medida».
La asociación ha trasladado que «ejercerá las acciones administrativas y judiciales que procedan» para defender la continuidad de la Guardia Civil en Roquetas de Mar y los derechos del personal afectado, toda vez que, en su caso, «instará el restablecimiento de las situaciones afectadas y promoverá la reclamación de todos los perjuicios económicos acreditados que sean legalmente indemnizables».
Para el subsecretario general de Relaciones Institucionales, Rafael Maldonado, el trato que los agentes están recibiendo por parte de la Dirección General «es una vergüenza» debido a la «falta de transparencia y empatía hacia ellos» ante esta situación. «Los siguen tratando como a meros números y no como a personas», ha advertido.
