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El Ayuntamiento de Granada ha aprobado este viernes en Junta de Gobierno Local un convenio de colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos de Granada y el Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de la Edificación de Granada para reforzar la colaboración público-privada en materia urbanística y contribuir a agilizar la tramitación de licencias y declaraciones responsables.
El acuerdo, según ha explicado el portavoz del equipo de gobierno, Jorge Saavedra, establece el marco para que los colegios puedan desarrollar tareas de carácter instrumental, material, técnico y de apoyo a las actuaciones municipales de verificación, control e inspección del cumplimiento de la normativa urbanística, de acuerdo con la colaboración público-privada reflejada en la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) y su normativa de desarrollo.
El convenio supone así un importante paso hacia una Administración más ágil, «sin renunciar en ningún momento a la seguridad jurídica ni a las garantías que deben acompañar cualquier procedimiento urbanístico». «Queremos que Granada sea una ciudad capaz de facilitar la actividad económica y la ejecución de proyectos, y para eso necesitamos que los procedimientos administrativos sean cada vez más eficaces. Este convenio nos permite aprovechar el conocimiento y la capacidad técnica de los colegios profesionales para agilizar determinadas comprobaciones, manteniendo siempre en el equipo técnico municipal las competencias y potestades que le corresponden», ha señalado Saavedra.
Según ha explicado el edil de Urbanismo, Obras Públicas y Licencias, Enrique Catalina, el convenio contempla que, cuando así lo solicite el promotor, los colegios puedan emitir informes de condiciones o cualificación urbanística de los proyectos y podrán integrarse en los procedimientos relacionados con actuaciones de edificación sujetas a licencia o declaración responsable.
Los colegios podrán así verificar la integridad, suficiencia e idoneidad de la documentación presentada para pedir una licencia o formular una declaración responsable, así como comprobar que los proyectos cumplen la legislación territorial y urbanística y las determinaciones de los instrumentos de ordenación. Asimismo, la colaboración puede extenderse a verificar obras durante su ejecución y una vez finalizadas, con certificaciones sobre su adecuación a la licencia concedida o a la declaración responsable presentada.
El acuerdo también contempla actuaciones relacionadas con el cumplimiento del deber de conservación de los edificios y la inspección y actualización de parcelas, solares y edificaciones incluidos en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas.
Según ha destacado el concejal, el convenio diferencia dos tipos de informes: los de control documental, relativos a la documentación técnica y administrativa necesaria para una licencia o declaración responsable; y los de condiciones urbanísticas, que analizarán el régimen urbanístico aplicable y el cumplimiento de la normativa y de las diferentes afecciones urbanísticas, territoriales y sectoriales.
Estos últimos podrán sustituir al informe técnico municipal en aquellos supuestos y con las condiciones que se establezcan en la correspondiente Ordenanza de Colaboración Público-Privada.
Catalina ha señalado que el acuerdo establece expresamente que las funciones atribuidas a los colegios profesionales no implicarán el ejercicio de autoridad ni de potestades públicas: «Cuando una actuación de verificación, control o inspección requiera el ejercicio de dichas potestades, los colegios deberán solicitar el auxilio del Ayuntamiento, y su personal no podrá identificarse en ningún caso como personal inspector municipal».
En virtud del acuerdo, el Ayuntamiento facilitará a los colegios la normativa local y la información requerida para las labores de verificación. Además, comunicará la concesión o denegación de licencias o informes negativos de las declaraciones responsables cuyos proyectos hayan sido revisados por los colegios y asumirán, entre otros compromisos, la aplicación de criterios de imparcialidad, confidencialidad e independencia.
Los colegios profesionales, por su parte, deberán comunicar al Ayuntamiento los informes desfavorables y las posibles infracciones urbanísticas que detecten durante las tareas que se les encomienden.
El convenio tiene una vigencia inicial de cuatro años desde su firma y contempla la posibilidad de acordar por unanimidad una prórroga de hasta otros cuatro. Además, contará con una Comisión de Seguimiento con representantes de todas las partes que se reunirá al menos una vez cada seis meses para evaluar el desarrollo de los trabajos.
Catalina ha avanzado que la aprobación de este convenio requiere de una modificación de la Ordenanza Fiscal 20, reguladora de las tasas por actuaciones urbanísticas, que se llevará a pleno para permitir una reducción de las tasas correspondientes a solicitudes de licencias o declaraciones responsables de obra que procedan de estos colegios.
«El objetivo es facilitar que los proyectos puedan avanzar con mayor rapidez y seguridad, reduciendo tiempos y cargas administrativas para ciudadanos y profesionales, y favoreciendo al mismo tiempo la actividad económica y la ejecución de nuevas actuaciones en Granada», ha enfatizado Catalina.
