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El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de la Dirección General de Aviación, ha sacado a licitación el servicio de transporte aéreo regular sujeto a obligaciones de servicio público (OSP) para garantizar las rutas de Melilla con Sevilla, Granada y Almería por un importe de 2,16 millones de euros y un periodo de 12 meses.
La oferta, que contempla el inicio de sus operaciones a partir del 1 de marzo del próximo año, exige un mínimo global anual de 99.600 asientos y 19 frecuencias semanales repartidas entre las tres líneas, con ocho frecuencias entre Melilla-Granada y Melilla-Almería y tres frecuencias semanales entre Melilla-Sevilla.
Según recoge el documento, consultado por Europa Press, las compañías que aspiren a cubrir esta conexión deberán garantizar una capacidad mínima de 42.000 asientos anuales en cada una de las rutas de Melilla con Granada y Almería y de 15.600 asientos en la que cubre Melilla con Sevilla. Las aerolíneas adjudicatarias podrán adecuar los días y horarios a la demanda de mercado.
La contratación también establece precios y régimen tarifario por trayecto de ida, con tres tipos de tarifas. Así, el precio de referencia, que contempla una máxima media anual por billete sencillo, establece un coste de 85 euros por pasaje en las rutas Melilla-Granada y Melilla Almería, así como de 105 euros en la de Melilla-Sevilla. Esta debe incluir cambios de fecha y cancelación con reembolso sin penalización alguna.
De otro lado, también observa la posibilidad de ofertar una tarifa flexible, que podrá rebasar la tarifa de referencia en un máximo del 25 por ciento debiendo compensarse con billetes a precio inferior para no alterar el promedio anual; y una tarifa promocional que debe suponer un descuento mínimo del 20 por ciento respeto a la de referencia. En ella se fijará una política de equipaje en cabina y bodega.
El pliego establece además unos estándares de calidad y puntualidad, por el que se estipula que el límite máximo de vuelos cancelados por causas imputables a la aerolínea no podrá superar el dos por ciento de los programados por temporada. Asimismo, al menos el 90 por ciento de los vuelos no deberán registrar retrasos superiores a 15 minutos.
La compañía adjudicataria tendrá derecho a percibir una compensación económica estatal para cubrir el déficit derivado de la prestación del servicio público. De otro lado, deberá llevar contabilidad analítica separada de estas tres rutas y someterla anualmente a una auditoría externa independiente a su costa. También deberá remitir a Aviación Civil los informes mensuales con el detalle de ocupación, cancelaciones, retrasos e ingreso medio por pasajero.
