El portavoz del grupo Con Málaga, Nicolás Sguiglia, y las activistas de la acampada por la vivienda Rosa Galindo e Isabel Torralbo, de Un Techo por Derecho, se enfrentan a procedimientos sancionadores iniciados por el Ayuntamiento de Málaga por supuestas infracciones relacionadas con el desarrollo de la movilización; unos expedientes que ya han anunciado que van a recurrir por todas las vías.
Así lo han señalado en un comunicado remitido por las personas y organizaciones responsables de la Asamblea por la Vivienda de la capital, en el que han denunciado públicamente la apertura de estos expedientes sancionadores contra estas tres personas por presuntas infracciones en la movilización, entre ellas el supuesto incumplimiento de las condiciones de la concentración, una presunta alteración de la seguridad ciudadana y, en el caso de Sguiglia, el uso de un megáfono en la vía pública.
Consideran «especialmente grave» que el Ayuntamiento de Málaga responda de esta manera a una movilización ciudadana «que se desarrolló de forma pacífica y cuyo único objetivo era reclamar el derecho a una vivienda digna y asequible». «Durante toda la movilización existió voluntad de colaboración con las fuerzas de seguridad y por parte de las personas participantes se actuó en todo momento para evitar cualquier incidente y garantizar que la protesta pudiera desarrollarse de manera pacífica», han señalado.
«No estamos ante una protesta violenta ni ante una movilización cuyo objetivo fuera alterar la convivencia. Estamos ante una reivindicación democrática de miles de personas que están sufriendo las consecuencias de la crisis de vivienda en Málaga y que reclaman poder vivir dignamente en su propia ciudad», han incidido en el comunicado.
Según han recordado, esta reivindicación «afecta directamente a un derecho reconocido por el artículo 47 de la Constitución, que establece el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada» y entienden «especialmente preocupante que, ante una movilización de estas características, la respuesta del Ayuntamiento sea abrir expedientes sancionadores contra personas que participaron y colaboraron en el desarrollo de la protesta».
«Málaga necesita soluciones al problema de la vivienda, no expedientes contra quienes denuncian públicamente que esas soluciones no están llegando. Consideramos que esta actuación demuestra una preocupante falta de talante democrático por parte del alcalde, Francisco de la Torre», han asegurado desde la plataforma.
Al respecto, han indicado que «cuando la ciudadanía se moviliza para reclamar un derecho fundamental, un Gobierno municipal debería escuchar, dialogar y ofrecer soluciones, no responder mediante la vía sancionadora». «La protesta social forma parte de una sociedad democrática y no puede pretenderse silenciar mediante multas a quienes participan en ella», han expresado.
Además, han querido dejar claro que la apertura de estos expedientes «no va a detener la movilización». «Seguiremos defendiendo el derecho a la protesta y seguiremos reclamando medidas que permitan que Málaga vuelva a ser una ciudad en la que las personas puedan vivir y desarrollar su proyecto de vida», han manifestado.
«Porque el problema no son quienes salen a la calle para reclamar una vivienda digna. El problema es que en Málaga haya cada vez más personas que no pueden permitirse vivir en su propia ciudad», han reiterado.
Por todo ello, las personas y organizaciones responsables de la Asamblea por la Vivienda han asegurado que anunciarán y ejercerán «todas las acciones necesarias para recurrir estos expedientes y defender tanto a las personas afectadas como el derecho democrático de la ciudadanía a manifestarse y reivindicar sus derechos».
Sguiglia ha lamentado que el alcalde «pretende responder con expedientes y sanciones a quienes están reclamando en la calle algo tan básico como el derecho a tener una vivienda». «Es una respuesta profundamente equivocada y revela una preocupante falta de talante democrático».
Según ha reiterado, la protesta «fue pacífica, ciudadana y legítima, y en todo momento se colaboró para evitar cualquier incidente». «No hubo violencia ni voluntad de confrontación: hubo personas organizándose y movilizándose porque no pueden pagar el alquiler, porque no pueden acceder a una vivienda y porque están siendo expulsadas de su propia ciudad», ha aseverado y ha añadido que si el Ayuntamiento cree «que va a silenciar esta reivindicación mediante expedientes, se equivoca».
«Vamos a recurrir esta decisión arbitraria y a defender hasta el final el derecho a la manifestación y a la protesta pacífica. Pero, sobre todo, será la solidaridad y la movilización vecinal y ciudadana la que responda a este atropello», ha dicho en el comunicado, en el que ha incidido en que De la Torre «debería escuchar a la ciudadanía en lugar de intentar responder con represión a quienes reclaman soluciones».
«Ningún expediente va a conseguir que la gente deje de defender su derecho a vivir dignamente en Málaga», ha dicho Sguiglia, al igual que la activista Rosa Galindo, quien ha apuntado: «No nos van a hacer sentir culpables por defender un derecho que es de todas y de todos. Estuvimos en la calle de manera pacífica, junto a cientos y miles de personas que están hartas de que la vivienda se trate como un negocio mientras cada vez más familias tienen dificultades para pagar un alquiler».
Para esta activista, «resulta indignante que la respuesta del Ayuntamiento sea abrir expedientes contra quienes están poniendo voz a un problema que afecta a toda Málaga». «La acampada y las movilizaciones no son una amenaza para la ciudad: son el reflejo de una ciudad que está reclamando ser escuchada. Lo que debería preocupar al alcalde no es que ocupemos pacíficamente las plazas para reclamar una vivienda, sino que haya tanta gente que no puede acceder a ella», ha señalado.
«No vamos a aceptar que se pretenda convertir una reivindicación democrática en un problema de orden público. Vamos a defender nuestros derechos y vamos a seguir movilizándonos, porque ninguna sanción va a conseguir que dejemos de reclamar algo tan básico como poder vivir dignamente en nuestra propia ciudad», ha finalizado Galindo.
Por su parte, la también activista de Un Techo por Derecho, Isabel Torralbo, ha asegurado que «lo que está ocurriendo es muy significativo: ante una movilización pacífica de personas que reclaman vivienda, el Ayuntamiento responde con expedientes sancionadores. Esa es la respuesta política de Francisco de la Torre ante una emergencia que afecta a miles de malagueños y malagueñas».
Ha incidido en que «cuando fue necesario colaborar para evitar cualquier incidente, lo hicimos». «Por eso vamos a defender nuestra actuación y vamos a recurrir estos expedientes con toda la firmeza necesaria», ha añadido, al tiempo que ha reiterado que «hubo fue una movilización pacífica y multitudinaria de personas que reclamaban su derecho a una vivienda digna, dentro del ejercicio del derecho de manifestación pacífica reconocido por nuestra Constitución».
«No fuimos a la calle a provocar ningún conflicto, sino a reclamar soluciones ante una emergencia habitacional que afecta a miles de malagueños y malagueñas. Por eso consideramos injustificados estos expedientes y vamos a defender nuestra actuación y a recurrirlos con toda la firmeza necesaria», ha concluido Torralbo.
