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ONG de migrantes, mujeres e infancia han recibido este lunes «con preocupación» e «incertidumbre» el adelanto electoral, por el «alto grado de polarización» en torno a la migración, por el posible «retroceso» que pueda suponer en las políticas de igualdad y por la suspensión de la tramitación de leyes que afectan a la infancia. Por su parte, el CERMI se ha mostrado «optimista» ante la posibilidad de que «se abra un ciclo político» de «diálogo y consensos» sobre la discapacidad.
En el ámbito de las migraciones, el director de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Mauricio Valiente, ha señalado a Europa Press que afrontan el adelanto electoral con «preocupación» debido al «alto grado de polarización» y al papel que está teniendo la inmigración en el debate público con un enfoque «muy negativo».
Frente a este escenario, ha insistido en la necesidad de tener un «debate programático» que aborde cómo afrontar la realidad migratoria y de las personas refugiadas de la manera «más razonable posible». Por ello, ha avanzado que trasladarán una serie de propuestas a las distintas candidaturas para que sean valoradas.
Por otro lado, Valiente no cree que el adelanto vaya a afectar a los procesos de documentación pendientes de resolución. Según ha recordado, existe un «principio básico del Estado de derecho» que es la seguridad jurídica, por lo que cualquier modificación normativa tendría un «efecto posterior» pero no «retroactivo». «En ese sentido no nos preocupa especialmente», ha matizado.
Si bien, recuerda que existen asuntos pendientes como «la culminación de la regularización» o la «atención en condiciones humanitarias» ante la crisis de Ceuta pero entiende que «eso tiene que hacerse conforme a las normas que están ahora mismo en vigor» y que, por tanto, no tiene que «afectar en las opciones futuras que adopten quienes ganen la elecciones».
De cara al nuevo gobierno que salga de las urnas, el director de CEAR pide «acuerdos amplios» para abordar la inmigración en toda su complejidad; no utilizar la inmigración como «arma arrojadiza» o «reproche mutuo» y «profundizar en el modelo de la actual normativa de reconocimiento de derechos, de procesos de documentación permanente como el arraigo», algo que, a su juicio, «redundará en una mayor estabilidad del sistema».
También ha subrayado la importancia del «compromiso de España con la protección internacional» y ha reclamado «vías seguras» para evitar que se siga produciendo «el drama de las muertes en los tránsitos». En concreto, el director de CEAR sugiere el reasentamiento y la solicitud de asilo por vía diplomática.
En el ámbito de los derechos de las mujeres, la presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro, también ha recibido «con preocupación» la noticia del adelanto electoral por miedo a que se forme un gobierno con Vox, lo que supondría, según ha avisado, «un importante retroceso».
«El 29 de noviembre no solo se decide quién gobierna España. Se decide también qué pasa con los derechos de las mujeres. Un cambio de gobierno hacia la derecha condicionada en su acción de gobierno por la ultraderecha no sería solo un cambio de color político. Como estamos viendo ya en las CCAA, podría ser un importante retroceso para las políticas de Igualdad y especialmente para la erradicación de la violencia de género, cuya existencia se niega», ha advertido Belarra.
Además, ha alertado de que estaría «en peligro» la aprobación de «importantes» normas cuya tramitación cae como «la Ley de Violencia Vicaria, que preveía la privación automática de la patria potestad a los padres condenados por maltrato» y «la reforma de la Ley de Protección a la Infancia (LOPIVI) que refuerza la necesidad de escucha a los menores y el alejamiento de los padres sobre los que pesen acusaciones de maltrato».
Asimismo, Besteiro ha lamentado que decaen la Ley contra la Trata, la ley de entornos digitales seguros y el blindaje constitucional del derecho al aborto; y ha exigido al nuevo Gobierno «que no se produzca ningún retroceso en los derechos de las mujeres y que se siga avanzando en acabar con las desigualdades».
Mientras, el director de la Plataforma de Infancia, Ricardo Ibarra, ha recibido «con cierta sorpresa» e «incertidumbre» la convocatoria de elecciones anticipadas ante los «muchos proyectos y compromisos» en materia de infancia que estaban «pendientes» de ser abordados en esta legislatura.
En concreto, ven con «preocupación» que decaiga la ley de familias que «se preveía que pudiera incluir la prestación por crianza» y el desarrollo de «más medidas de conciliación, especialmente para modelos de familia diversos y que ahora mismo quedarían fuera».También ha lamentado que caiga la de entornos digitales, la de violencia vicaria o el desarrollo de la LOPIVI.
Al nuevo gobierno que salga de las urnas, le pide que aborde «los problemas estructurales» de los niños y niñas, empezando por «la pobreza infantil», para lo que reclama el refuerzo del Complemento de Ayuda a la Infancia (CAPI), especialmente en los niños mayores de 12 a 17 años, y la aprobación de una «prestación por crianza históricamente reivindicada por las familias y las organizaciones de infancia, así como por instituciones europeas e internacionales».
Al mismo tiempo, exige «potenciar realmente el acogimiento familiar», mejorar las condiciones de los centros tutelados y garantizar los derechos de los niños «independientemente de las situaciones migratorias de urgencia que puedan darse».
Por su parte, el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, ha manifestado, en declaraciones a Europa Press, que la convocatoria electoral era «previsible» y ha lamentado que «cualquier cambio siempre trae elementos de paralización de cosas que están en marcha» pero se ha mostrado «optimista» ante la posibilidad de que «se abra un ciclo político» de «diálogo y consensos» sobre la inclusión de las personas con discapacidad, un tema que, a su juicio, «no debería tener encono ideológico».
Para Pérez Bueno, la reforma del artículo 49 constituye «lo más importante que se ha hecho en la legislatura que termina» y ha insistido en que «siga presidiendo toda decisión pública, legal, de política pública o presupuestaria sobre la inclusión de las personas con discapacidad».
Sobre la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia, ha advertido de que la nueva convocatoria electoral supondrá «un cierto parón sobre todo en todas aquellas cuestiones que requieren desarrollos o decisiones de concreción», aunque ha precisado que los poderes competentes en materia de dependencia son las comunidades autónomas y ha recordado que la mayoría van a pasar por proceso electoral en unos meses.
Por ello, ha asegurado que desde el CERMI harán «toda la presión» para que «las nuevas legislaturas, tanto la nacional como las autonómicas, partan ya con esta convicción y con este compromiso de desarrollar los mandatos de la reforma». Además, al nuevo gobierno que se forme tras el 29 de noviembre, le pide «que ponga todo el énfasis en traer paz social» y ofrezca «más apoyos y remueva obstáculos» para las personas con más dificultades, entre ellas, las personas con discapacidad". En definitiva, ha pedido «más Estado social».
