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Organizaciones no gubernamentales han advertido este martes sobre las «fatales consecuencias» que podría tener para el derecho de asilo y los derechos humanos la aprobación del real decreto ley del Gobierno para acelerar las expulsiones de los migrantes en Ceuta.
Así lo han expresado en una declaración conjunta, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Movimiento por la Paz - MPDL, Servicio Jesuita a Migrantes, Red Acoge, Federación Sur Acoge, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), Irídia, Red de Acogida del Puerto de Santa María, Oxfam Intermón, Entreculturas, Coordinadora CIE No Cádiz, Red de Apoyo a Inmigrante DIMBALI.
Las organizaciones reclaman al Gobierno que «dé marcha atrás» en su intención de presentar esta propuesta y «cumpla su palabra» de aplicar el Pacto «de la forma menos lesiva posible para el derecho de asilo, tal y como se ha comprometido desde que se aprobó la nueva normativa europea».
Según denuncian las entidades, la propuesta supone introducir un «régimen de excepción al derecho de asilo por razón de lugar y tiempo», que además afectaría con carácter retroactivo a solicitantes de protección internacional que hubieran formulado su solicitud desde el 30 de julio de 2026.
En este sentido, muestran su «enorme preocupación ante la grave amenaza» que supondría para el principio de no devolución de la Convención de Ginebra, al introducir supuestos en los que, aunque la persona solicite asilo, no se le autoriza a permanecer en España hasta que se resuelva su petición.
Además, las entidades han subrayado que, «contraviniendo la normativa vigente en materia de derecho de asilo y derechos humanos, indica que este principio de no devolución no podría ser invocado en determinados supuestos».
«El principio de no devolución no se limita a la situación del solicitante de protección internacional, sino que su alcance es mucho más amplio, siendo un principio regulado expresamente en tratados internacionales con ámbito de aplicación en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura, aplicando a toda persona cuya vida e integridad física corra peligro en caso de retorno a su país de origen o a un tercer país», han remarcado.
Por otro lado, han avisado de que la aprobación de este real decreto ley también supondría limitar el acceso al procedimiento de protección internacional, ya que «si la persona formula una solicitud de asilo pasados siete días de la notificación de la orden de devolución, expulsión o denegación de entrada se inadmitirá su solicitud, un supuesto que no es de obligatoria aplicación según el Pacto Europeo de Migración y Asilo».
«En el contexto actual, se pueden dar demoras en la formulación debido a múltiples factores, como la falta de información sobre la protección internacional o las dificultades para realizar los triajes que se están identificando», han subrayado.
Por otro lado, creen que se vulneraría la tutela judicial efectiva «al establecer en el plazo más corto del que establece el Pacto para la interposición de los recursos contra las resoluciones desfavorables, impidiendo el acceso a garantías básicas como la asistencia letrada y representación gratuitas para la interposición de recurso».
«El plazo establecido de cinco días naturales es inviable la designación de profesionales de oficio , que pueda acceder al contenido de la resolución y examinar el expediente con la persona interesada, acompañada de intérprete si fuera necesario, para ejercer su derecho de defensa», han indicado.
