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El Centro de Análisis de la Sostenibilidad del Modelo Económico (CASME), iniciativa de la Fundación Civismo, ha advertido de la existencia de una «trampa de la inactividad» en la arquitectura del Ingreso Mínimo Vital (IMV), al constatar que la percepción de esta prestación social reduce en 3 puntos porcentuales la probabilidad de trabajar de sus beneficiarios, lo que supone una caída relativa del 12%.
Así se desprende del informe 'Impacto del IMV en la economía española (2020-2026)', que analiza la evolución, coste y eficacia del IMV tras más de cinco años de vigencia.
Según expone el centro de estudios, la cuantía garantizada para una «familia tipo» (dos adultos y dos menores) asciende a 1.394,45 euros mensuales (16.733,40 euros anuales), importe que supera en un 7,43% el salario más frecuente en España, fijado en unos 15.575 euros. Esta circunstancia eleva el denominado salario de reserva, lo que contribuye a consolidar una «trampa de la inactividad» que «dificulta la reinserción laboral».
El estudio advierte además de un «efecto cicatriz», ya que los efectos desincentivadores sobre la participación laboral persisten incluso seis meses después de dejar de cobrar la ayuda. Asimismo, indica que el 90% de los hogares beneficiarios permanece en el sistema más de 12 meses y un 60% supera los tres años de percepción. «El IMV funciona como una prestación de larga duración más que como un instrumento temporal de transición», asegura.
Igualmente, el documento expone que el gasto acumulado asciende a 18.865,9 millones de euros, cantidad que equivale aproximadamente al SMI anual de 1,1 millones de trabajadores, a 1.066 km de línea de alta velocidad -tomando como referencia un coste medio de 17,5 millones de euros por kilómetro- o a cerca de 35 hospitales del coste previsto para el que se construirá en Málaga entre 2026 y 2032 (543,3 millones de euros).
De la misma manera, señala que el IMV «no siempre logra sacar a sus beneficiarios de la pobreza severa» y que su impacto sobre la misma es «limitado». En 2024, el IMV redujo la tasa de pobreza severa en un 9,5%, una cifra que podría llegar al 16,2 % si la prestación alcanzara a todos los hogares con derecho. En el caso de la pobreza moderada (60 % de la mediana), el efecto es mínimo, con una reducción del 1,1%.
Por otro lado, apunta que, en 2024, el 55% de los hogares potencialmente beneficiarios del IMV básico no lo solicitaron o no llegaron a percibirlo. No obstante, avisa de que la situación es «más grave» en el Complemento de Ayuda a la Infancia (CAPI), donde el 72% de los hogares elegibles se quedaron fuera.
Regiones como Islas Baleares y Cataluña presentan las peores cifras, con tasas de non take-up superiores al 65%. «Estas diferencias apuntan a posibles problemas de coordinación entre la Seguridad Social y los servicios sociales autonómicos, junto con otros factores administrativos y socioeconómicos», subraya.
El informe también releva una «complejidad administrativa y volatilidad económica», puesto que el 68% de los beneficiarios sufre revisiones retroactivas, reintegros de importe mediano de 2.615 euros y un tiempo mediano de tramitación de 203 días. «Esta volatilidad puede generar «miedo a los reintegros» y desincentivar la solicitud de la prestación», añade.
Además, agrega que determinadas estimaciones sitúan entre el 15% y el 20% la proporción de perceptores con ingresos no declarados, circunstancia que «puede afectar tanto al diseño de los incentivos como a la recaudación».
Ante este escenario, Fundación Civismo apunta que «resulta necesario reformar la arquitectura del IMV para avanzar desde un modelo predominantemente asistencial hacia otro más orientado a la inclusión y la activación laboral».
A su juicio, el objetivo «debería garantizar que trabajar siempre compense». «El IMV podría estar funcionando en muchos casos más como una prestación de larga duración que como un mecanismo transitorio de incorporación al empleo», ha concluido.
