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La Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso de los Diputados ha aprobado una proposición no de ley del PP por la que insta al Gobierno a garantizar la prórroga excepcional de la prestación económica y del permiso por CUME (cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave) más allá de los 26 años en casos de gran dependencia.
En concreto, la iniciativa se ha aprobado con una autoenmienda del PP de actualización y ha obtenido el apoyo de todos los grupos y la abstención de Sumar (33 votos a favor y tres abstenciones).
Según se desprende del texto, el PP insta al Ejecutivo a garantizar la prórroga excepcional de la prestación económica y del permiso por CUME en el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (TRLGSS) más allá de los 26 años cuando la persona causante se encuentre en situación de gran discapacidad (igual o superior al 65 %) o gran dependencia (Grado lll), manteniendo la protección mientras persistan la convivencia (incluidas las estancias temporales en recursos de respiro) y las necesidades acreditadas de cuidado directo, continuo y permanente.
Asimismo, llama a reconocer expresamente en la Seguridad Social (TRLGSS) y en la normativa laboral la hospitalización domiciliaria, la atención ambulatoria especializada y cualquier otra modalidad asistencial el equivalente que, conforme a criterio médico, sustituya al ingreso hospitalario convencional sin disminuir la intensidad de los cuidados requeridos.
Igualmente, apuesta por permitir el reparto simultáneo del porcentaje de reducción de jornada y del subsidio prestacional hasta el 100%, entre ambos progenitores, guardadores o acogedores en supuestos de gran discapacidad o gran dependencia, asegurando que la pérdida de empleo o cese de actividad de uno de ellos no constituya por sí sola causa de suspensión o extinción del derecho de quien permanezca en activo.
De la misma manera, pide aprobar y publicar criterios interpretativos comunes, públicos, homogéneos y vinculantes para el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, evitando diferencias «injustificadas» en el reconocimiento, mantenimiento o retirada de la prestación.
Por otro lado, aboga por establecer un marco de apoyo y protección laboral tras la finalización de la CUME que incluya garantías efectivas de reincorporación al puesto de trabajo en condiciones equivalentes, medidas de adaptación temporal de jornada, protección reforzada frente al despido vinculado al cuidado e idéntico tratamiento para los empleados públicos mediante el desarrollo reglamentario del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).
Del mismo modo, reclama la habilitación de un procedimiento reglado de revisión de oficio o a instancia de parte para aquellas familias que hubieran perdido la prestación exclusivamente por haber alcanzado el límite máximo de edad cuando continúen concurriendo las circunstancias clínicas y de convivencia exigidas.
Finalmente, pide consignar la dotación presupuestaria necesaria con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, conforme al principio de separación de fuentes y recomendaciones del Pacto de Toledo 2020, «impidiendo que objeciones presupuestarias sigan paralizando la plena efectividad y seguridad jurídica de los derechos de las familias cuidadoras».
