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El Gobierno quiere devolver a los migrantes de Ceuta que hayan solicitado asilo pero que supongan «un peligro para el orden público o la seguridad nacional». Así lo recoge en el proyecto de Real Decreto-Ley sobre medidas extraordinarias para la agilización de la tramitación de solicitudes y recursos en materia de protección internacional en la ciudad de Ceuta.
El texto, al que ha tenido acceso Europa Press, señala que se entenderá que se da esta circunstancia en caso de las personas que se hayan comportado de «manera violenta o amenazante» en el centro o dispositivo de acogida; o que, fuera de los mismos, «promuevan o participen en altercados, tumultos, o actos que supongan cualquier actividad sancionable administrativa o penalmente por poder afectar al orden público o seguridad ciudadana».
Este nuevo Real Decreto, pendiente de aprobación por el Consejo de Ministros, será de aplicación para todas aquellas solicitudes formuladas en Ceuta desde el 30 de julio de 2026 que estén sin resolver a la fecha de su entrada en vigor, con independencia del procedimiento que fuera aplicable.
El documento, sujeto a cambios, elimina asimismo el examen previo de cada petición por parte de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, en la que participa la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) así como representantes de los ministerios de Asuntos Exteriores, Interior, Justicia, Migraciones e Igualdad.
En concreto, señala que la competencia para elevar las propuestas de resolución será «la persona titular de la Dirección General de Protección Internacional, sin necesidad de examen previo por parte de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, la cual será informada de las resoluciones que se dicten».
Asimismo, establece que se inadmitirán las solicitudes de protección internacional de nacionales de terceros países o apátridas que se formulen una vez transcurridos «siete días hábiles» desde la notificación de una orden de devolución, una denegación de entrada o una sanción de expulsión en la que se informe acerca de la inadmisión de las solicitudes de asilo que se formulen fuera de dicho plazo.
Además, contempla el archivo de la solicitud por «desistimiento implícito», por ejemplo, si la persona «abandona el centro o recurso en que se le haya dado acogida sin informar previamente a los responsables de la instalación de que se trate y dejar una dirección en que pueda ser localizado».
Igualmente, establece que las resoluciones se comunicarán a través de su resolución en el Boletín Oficial del Estado (BOE) siempre que el solicitante no de una dirección concreta, que no podrá ser la de los centros de alojamiento o de estancia públicos con sobreocupación o dispositivos de emergencia establecidos para atender esta situación en la ciudad autónoma. También podrá notificarse mediante correo electrónico o al representante legal designado siempre que haya facilitado dirección válida.
La tramitación de los recursos contencioso-administrativos interpuestos contra resoluciones dictadas en procedimientos de protección internacional en Ceuta relacionados con la entrada masiva de julio tendrá, a todos los efectos, carácter preferente. La Administración tendrá un plazo de cinco días para remitir el expediente y el procedimiento continuará aunque se produzcan retrasos.
