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29N.- La reforma de las leyes de discapacidad y dependencia, hito social de la legislatura, en vigor el 23 de octubre

· 4 min · Redacción

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Lo esencial

La reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad entrará en vigor el 23 de octubre.

Por qué importa

Es importante porque mejora el sistema de atención a la dependencia, reduciendo burocracia y ampliando derechos.

Qué ocurrió

El Ministerio de Derechos Sociales ha impulsado una reforma que remodela el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, aprobada por el Congreso el 16 de septiembre. La norma entra en vigor el 23 de octubre.

Entre líneas

La reforma busca reducir las listas de espera, aunque estas siguen siendo un problema pendiente. La versión de los datos sobre listas de espera es del Imserso, una entidad pública.

El contexto

El nuevo artículo 49 de la Constitución Española, aprobado por el tercer Ejecutivo de Pedro Sánchez, sitúa la inclusión, la autonomía y la accesibilidad universal como pilares de los derechos de las personas con discapacidad.

El panorama

La reforma busca reducir la burocracia, ampliar derechos y reforzar la financiación pública del sistema de dependencia.

Qué esperar

Quedan pendientes algunos desarrollos reglamentarios y la erradicación de las listas de espera, que se topan con el adelanto electoral al 29 de noviembre.

La clave

La norma establece que la Administración General del Estado asuma el 50% de la financiación del Sistema de Atención a la Dependencia y añade una inyección adicional de 6.200 millones de euros para las comunidades autónomas entre 2026 y 2027.

Artículo completo

La reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad, que se ha consolidado como el principal hito social de la legislatura, entrará en vigor el próximo 23 de octubre, tras publicarse este sábado en el BOE. Aún quedan pendientes algunos desarrollos reglamentarios así como la erradicación de las listas de espera de la dependencia que se topan ahora con el adelanto electoral al próximo 29 de noviembre.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y aprobada definitivamente por el Congreso el pasado 16 de septiembre, supone una remodelación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) para reducir la burocracia, ampliar derechos y reforzar la financiación pública.

Además, da respuesta directa al mandato del nuevo artículo 49 de la Constitución Española, que sitúa la inclusión, la autonomía y la accesibilidad universal como pilares de los derechos de las personas con discapacidad. Esta fue una de las primeras normas aprobadas por el tercer Ejecutivo de Pedro Sánchez, que eliminó de la Carta Magan el término 'disminuido' al sustituirlo por 'personas con discapacidad'.

La norma, que fue calificada por el propio ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, como «la mayor reforma social en décadas», elimina las incompatibilidades entre prestaciones y servicios de dependencia; permite el reconocimiento automático de la discapacidad a partir del grado de dependencia; incorpora la figura del asistente personal y amplía la figura de atención más allá de la familia directa, permitiendo que vecinos o amigos sean reconocidos oficialmente como cuidadores.

Asimismo, incluye la teleasistencia como derecho subjetivo; reduce el plazo máximo para resolver el procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia de 6 a 3 meses; modifica la Ley de Propiedad Horizontal para obligar a las comunidades de vecinos a solicitar las ayudas para obras de accesibilidad y prohíbe subir el precio de los seguros a personas con discapacidad.

También blinda por ley la financiación estatal del Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD), estableciendo que la Administración General del Estado asuma el 50% de su financiación y va acompañada de una inyección adicional de 6.200 millones de euros para las comunidades autónomas entre 2026 y 2027.

Tras la aprobación y publicación del texto, así como su entrada en vigor, quedarán pendientes algunos aspectos del mismo por necesitar desarrollos reglamentarios. Por ejemplo, la norma señala que el Gobierno, previo acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de la ley, deberá aprobar un nuevo baremo de valoración de la situación de dependencia.

Asimismo, el texto contempla que el Gobierno ha de aprobar, en el plazo de un año, un texto refundido de la Ley de Propiedad Horizontal y la Ley 15/1995, de 30 de mayo, sobre límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas a las personas con discapacidad.

Al mismo tiempo, de la norma se desprende que el Gobierno debe remitir en el plazo de doce meses, un proyecto de Ley para el reconocimiento, la reparación y la indemnización a las víctimas de esterilización forzada o no consentida incapacitadas judicialmente por razón de discapacidad.

En todo caso, el grueso de las disposiciones contempladas en la ley requerirá la intervención directa y el desarrollo normativo por parte de las comunidades autónomas para su puesta en marcha.

Entre los principales problemas por resolver, queda pendiente la plena erradicación de las listas de espera en el sistema de dependencia. Según los datos publicados el pasado mes de julio por el Imserso, un total de 228.556 personas están a la espera de la dependencia en España y 142.887 de ellas llevan 6 meses o más esperando.

En este contexto, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, había exigido a las comunidades autónomas que las listas de espera se reduzcan a la mitad en 2027 y lleguen a cero en 2028.

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