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El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, terminará su mandato el próximo 16 de noviembre, dos semanas antes de las elecciones anticipadas del 29 de noviembre, y asumirá el cargo en funciones la adjunta primera, Teresa Jiménez-Becerril, elegida a propuesta del PP, según se desprende de la ley que regula la institución y han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras.
En concreto, la Ley Orgánica que regula el Defensor del Pueblo, señala que, en el caso de cese del Defensor del Pueblo y en tanto no procedan las Cortes Generales a una nueva designación, «desempeñarán sus funciones, interinamente, en su propio orden, los Adjuntos al Defensor del Pueblo».
Además, la norma señala que el Defensor del Pueblo es elegido por las Cortes Generales para un período de cinco años y su nombramiento se hace efectivo con la firma conjunta de los presidentes del Congreso y del Senado.
Aunque Ángel Gabilondo podría ser designado para un segundo mandato, el actual escenario político no parece propicio, según precisan las mismas fuentes, ya que, para ello, sería necesario que los principales grupos parlamentarios, es decir, PP y PSOE se pusieran de acuerdo para su renovación. En concreto, hace falta el apoyo de las tres quintas partes de los miembros del Congreso, tal y como dicta la ley. Además, se da la circunstancia añadida de que se han disuelto las Cortes ante el adelanto electoral.
Desde que asumió el cargo en noviembre de 2021, Ángel Gabilondo ha encabezado diversas actuaciones y ha presentado numerosos informes y recomendaciones, siendo uno de los hitos de su mandato su 'Informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos. Una respuesta necesaria', dando cumplimiento a la encomienda recibida del Congreso de los Diputados tras la aprobación de una Proposición no de Ley (PNL), el 10 de marzo de 2022.
En el documento, de 777 páginas, Gabilondo apunta que la respuesta de la Iglesia católica, al menos a nivel oficial, ha estado caracterizada «durante mucho tiempo» por «la negación o la minimización del problema» y también critica que los poderes públicos carecieron de procedimientos adecuados para prevenir los abusos en colegios de la Iglesia en el pasado.
En el informe también se incluyó una encuesta de GAD3 basada en más de 8.000 entrevistas según la cual, un 1,13% de los encuestados aseguró que había sufrido agresiones sexuales en el ámbito religioso.
Gabilondo propuso asimismo una veintena de recomendaciones, entre ellas, celebrar un acto público de reconocimiento y reparación simbólica a las víctimas o crear un mecanismo de reparación integral, financiado por la Iglesia católica, para indemnizar a las víctimas en los casos que ya no puedan seguir la vía judicial debido a la prescripción del delito o al fallecimiento del agresor.
En respuesta a esta indicación, el pasado 30 de marzo de 2026, se formalizó un protocolo entre el Gobierno, la Iglesia católica (Conferencia Episcopal Española y Conferencia Española de Religiosos) y el Defensor del Pueblo para poner en marcha un sistema de reparación a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito eclesial.
En el marco de dicho protocolo y según los últimos datos publicados por en agosto de 2026, la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo estaba analizando 450 expedientes de víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica, de los que 149 ya se encontraban en fase de tramitación.
Por otro lado, en materia migratoria, Gabilondo inició una investigación de oficio sobre la tragedia en la Valla de Melilla de 2022; ha realizado inspecciones directas a Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) y centros de menores, y ha reclamado de manera insistente una solución coordinada entre administraciones para la derivación e integración solidaria de niños migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas.
También ha iniciado una actuación de oficio para conocer las medidas adoptadas por las diferentes administraciones para dar respuesta a la situación de Ceuta después de la entrada masiva de migrantes de forma irregular del 30 y 31 de julio; y ha visitado Ceuta para conocer 'in situ' la situación humanitaria.
Por otro lado, Gabilondo ha iniciado actuaciones ante el problema del acceso a la vivienda protegida y asequible, y ha reclamado incrementar el parque público de vivienda. Recientemente, ha pedido a las administraciones y demás poderes públicos «medidas urgentes» para evitar los desahucios de personas vulnerables como el de Maricarmen.
Al mismo tiempo, durante su mandato, ha denunciado, entre otros problemas, algunas trabas relacionadas con el Ingreso Mínimo Vital (IMV); las listas de espera sanitarias en consultas especializadas o los atascos en la homologación de títulos universitarios extranjeros, entre otros.
Además, a lo largo de estos cinco años, Gabilondo ha publicado cinco informes monográficos: sobre la inclusión financiera de personas vulnerables; sobre violencia vicaria (2024); sobre niños extranjeros no acompañados (2025); contenciones mecánicas (2026) y sobre el sistema de protección de menores ante los casos de violencia sexual (2026).
