Hay una forma de saber que un partido ha dejado de discutir políticas y ha empezado a discutir palabras: cuando cada semana estrena un término nuevo que no está en ningún BOE, que nadie le ha pedido que defina, y que sin embargo copa los titulares durante cuatro días antes de que su propia dirección tenga que salir a matizarlo. Eso le ha pasado al PP tres veces en las últimas semanas —«pucherazo»/«ingeniería electoral», el «cáncer» del absentismo, y la «prioridad nacional»— y las tres veces con el mismo guion. Vale la pena desmontarlo, porque el patrón dice más que cualquiera de las tres polémicas por separado.
Caso 1: el fraude que no se atreve a llamarse fraude
Feijóo lleva semanas hablando de «ingeniería electoral» a propósito de la Ley de Nietos y la regularización extraordinaria de migrantes, acusando al Gobierno de fabricar un censo favorable de cara a las generales. Lo interesante no es la acusación —es política chusca de toda la vida, cuestionar el rival por las bravas— sino el cuidado quirúrgico con el que Feijóo evita la palabra «pucherazo». La dice Vox, la dice Aznar, la sugiere sin firmarla el propio Feijóo, y cuando le preguntan directamente, él mismo aclara que no está denunciando un pucherazo, solo una «ingeniería» en beneficio del PSOE. Es la misma acusación con menos responsabilidad penal del lenguaje.
El problema de fondo, y aquí toca ser justos con los datos, es que la acusación no aguanta el contraste empírico: según ha explicado el exletrado del Constitucional Joaquín Urías, la inmensa mayoría de quienes tramitan la nacionalidad por la ley de nietos lo hacen por el pasaporte, no por el voto, y solo una fracción mínima llega a solicitar el alta consular necesaria para votar. Y el cinismo se vuelve insoportable cuando se mira la hemeroteca gallega: el PP lleva legislaturas siendo denunciado por el uso sistemático del voto por correo rural para inclinar resultados, con expedientes de Juntas Electorales incluidos. Acusar de pucherazo con esa mochila no es hipocresía, es directamente performance. Por cierto, la hemeroteca tampoco esconde al propio Feijóo pidiendo la aplicación de —sí, lo han adivinado— la Ley de Nietos, para los exiliados gallegos. Eran otros tiempos, eran otros intereses, pero era el mismo Feijóo.
Caso 2: la baja médica como tumor
El martes, en Bilbao, ante empresarios vascos, Feijóo calificó el aumento del absentismo laboral de «cáncer que no podemos parar» y anunció que, si gobierna, los trabajadores cobrarán menos durante esas bajas. La frase estalló exactamente como cabía esperar: Sánchez le acusó de equiparar la enfermedad con el fraude, y en menos de 48 horas toda la cúpula del PP —empezando por Juan Bravo— tuvo que salir a aclarar que no se refería a las bajas médicas justificadas, solo al fraude y al absentismo injustificado. Es el mismo movimiento del caso anterior: lanzar la versión incendiaria, dejar que corra, y luego enviar al segundo escalón del partido a decir que en realidad querían decir otra cosa, más razonable, más defendible.
El dato que nadie del PP menciona en las entrevistas es el más aburrido de todos: la comparación de bajas de lunes contra las de viernes que repiten como prueba de fraude generalizado tiene una explicación administrativa trivial —los médicos de cabecera no trabajan los fines de semana, así que las bajas del sábado y domingo se tramitan el lunes—. No hace falta un estudio sociológico para desmontarlo, basta con conocer el horario de un centro de salud. Y tampoco se menciona el fraude simétrico —las horas extra no declaradas— porque ese le pone el foco en la empresa, no en el trabajador. Pero ya les damos nosotros el dato: en 2025 se hicieron 2,5 millones de horas extra semanales sin remunerar. El ahorro empresarial asociado supera los 3.243 millones de euros al año.
Caso 3: la etiqueta que Vox alquila y el PP no consigue devolver
«Prioridad nacional» es el caso más revelador de los tres porque aquí el PP ni siquiera controla el significado del término que está usando. Es una cesión programática de Vox, incluida ya en los pactos autonómicos de Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía, que condiciona el acceso a ayudas, vivienda y servicios sociales a criterios de arraigo, empadronamiento y cotización. Feijóo y Borja Sémper llevan meses intentando resignificarlo —vincularlo a sanidad y vivienda, vaciarlo de la carga excluyente que tiene en el imaginario de la extrema derecha europea— pero quien fija el contenido real del concepto sigue siendo Abascal, que ha sido explícito: todo lo que no es prioridad nacional es prioridad extranjera. Es el mismo eslogan que usa Trump, con la misma función: dar cobertura semántica a un recorte de derechos sociales presentándolo como sentido común identitario.
Lo que hace este caso especialmente interesante es que revela la asimetría de poder dentro del bloque de derechas: el PP puede maquillar la etiqueta cuanto quiera, pero no puede cambiar lo que hay dentro del envase, porque el envase se lo ha diseñado otro. Cada vez que Génova intenta suavizarlo, Vox se lo recuerda en público. No es un préstamo lingüístico, es una hipoteca con altísimo interés.
El patrón: decir, negar, dejar la mancha
Las tres polémicas comparten una secuencia idéntica de tres movimientos:
- Lanzamiento del término extremo. «Pucherazo» (aunque lo diga Vox y Feijóo lo insinúe), «cáncer», «prioridad nacional» sin matizar. La frase se diseña para viralizar, no para gobernar.
- Retirada táctica sin retirada real. Feijóo aclara que no habla de pucherazo, solo de ingeniería electoral. El PP aclara que no habla de recortar a los enfermos, solo de perseguir el fraude. Sémper aclara que la prioridad nacional es sanidad y vivienda, no exclusión. En los tres casos, la acusación de fondo sobrevive a la corrección cosmética.
- El daño ya está hecho. El titular de los primeros dos días —«pucherazo», «cáncer», «prioridad nacional»— es el que queda en la conversación pública. La matización posterior la lee media docena de periodistas políticos. Es la vieja lógica del bulo: se necesita un segundo para lanzarlo y una semana de desmentidos que nadie lee para intentar frenarlo.
Esto no es improvisación ni un lapsus de un candidato con la lengua suelta. Es el mismo manual que usan Trump en Estados Unidos, Bolsonaro usó en Brasil, Bukele en El Salvador, Milei en Argentina o Ayuso en Madrid: erosionar la confianza en las instituciones (censo, sistema electoral, sanidad pública) mediante un vocabulario que suena a emergencia nacional, dejar que el ruido haga el trabajo, y retirarse a una versión defendible en cuanto llega la factura política. El PP no está improvisando un lenguaje nuevo: está importando uno ya probado, y dejando que Vox le marque el ritmo cada vez que necesita parecer más contundente de lo que legalmente puede permitirse ser.
La pregunta que vale la pena hacerse desde Andalucía, con Vox ya sentado en cuatro vicepresidencias autonómicas y controlando ámbitos tan sensibles como Justicia en nuestra propia comunidad, no es si el PP «se ha radicalizado». Es más incómoda: ¿hasta qué punto el PP sigue siendo el que decide su propio vocabulario, o ya es simplemente el altavoz con más audiencia de un guion que se escribe en otro sitio?
La coda que no sale en el telediario
Todo lo anterior se libra con cámaras delante, portavoces con nombre y apellido, y una docena de medios nacionales dispuestos a exigir la aclaración al día siguiente. Ese contrapeso —precario, pero real— es justo lo que desaparece en cuanto se baja a la escala municipal. Ahí es donde el «cáncer», el «pucherazo» y la «prioridad nacional» dejan de ser titulares con matización obligada y se convierten en munición suelta que cualquier concejal o portavoz local puede disparar sin que nadie le pida cuentas al día siguiente.
Lo que se observa en las formaciones del PP a escala local, en no pocos ayuntamientos, es una réplica degradada del mismo patrón, pero sin el filtro: el vocabulario de emergencia que en Génova se calcula con cuidado —hasta dónde llegar, cuándo matizar, qué versión es defendible en una entrevista— en el ámbito municipal se suelta directamente en su forma más agresiva, porque nadie en la sala de plenos ni en las redes vecinales va a exigir la corrección posterior —claro está, hasta que la ciudadanía estalla—. Es la cobertura que da ver al propio presidente nacional coquetear con el «pucherazo» sin firmarlo: si él puede insinuarlo y retirarse a tiempo, el concejal de turno entiende que puede lanzarlo sin insinuación ninguna, porque el coste de decirlo en un pleno o en un grupo de WhatsApp del barrio es, sencillamente, cero.
Y ahí es donde el problema se vuelve más grave que en Génova, no menos: los bulos que circulan a escala local —sobre censos electorales, sobre bajas médicas de vecinos concretos, sobre quién «de verdad» tiene derecho a según qué ayuda, sobre construcciones o sobre contratos municipales— rara vez tienen encima el escrutinio de un solo medio, y mucho menos el de media docena disputándose la exclusiva del desmentido. Se cuecen y se consumen en el mismo circuito cerrado —el grupo de WhatsApp del barrio, el pleno sin prensa en la grada, la publicación con cuarenta comentarios— sin que exista el mecanismo de contraste que, mal que bien, obliga a Feijóo a enviar a Juan Bravo y a Borja Sémper a dar la cara en tres televisiones. La radicalización del lenguaje no se detiene en Madrid: baja, y cuando baja, pierde exactamente el único freno que tenía.
Si les parece que el PP en su ámbito (nacional, autonómico, local) se está pareciendo a la foto que ilustra este artículo, es porque se ha abonado a un lenguaje de otra época. Y junto con el lenguaje, vienen las políticas.
