La sanidad andaluza ya no es sólo un problema de gestión. Es, de hecho, la gran prueba del nuevo gobierno y uno de los termómetros más fiables para medir su fortaleza real. Cuando un asunto así deja de resolverse con anuncios y comienza a ocupar el centro del debate público, ya no estamos ante una incidencia puntual. Estamos ante un desgaste político de fondo.
La Junta ha fijado para 2026 un presupuesto sanitario de 16.265 millones de euros, la mayor partida autonómica. Ha cambiado también el timón de la Consejería, ahora en manos de Antonio Sanz tras la salida de Rocío Hernández. Sobre el papel, el movimiento pretende transmitir control, orden y capacidad de reacción. En la práctica, sin embargo, lo que cuenta no es el relevo en sí, sino si ese relevo consigue recomponer una sanidad que lleva demasiado tiempo pidiendo algo más que correcciones de urgencia.
Porque la sanidad no se mide en ruedas de prensa. Se mide en esperas, en citas, en diagnósticos, en profesionales suficientes, en centros de salud que funcionen y en hospitales que no vivan al límite. Y ahí es donde el gobierno andaluz se juega mucho más que una imagen de eficacia. Se juega credibilidad. Y la credibilidad, cuando se erosiona, no se recupera con facilidad.
La crisis de los cribados de cáncer de mama ha sido especialmente grave no sólo por lo que ha significado en términos de alarma social, sino porque ha vuelto a poner sobre la mesa una sospecha que ya estaba instalada en parte de la opinión pública: la sensación de que el sistema se está sosteniendo más por inercia que por una planificación sólida. A eso se suman las listas de espera, la presión sobre atención primaria y las dificultades para cubrir plazas en distintas zonas. Todo ello configura un paisaje muy poco favorable para un gobierno que necesita demostrar que todavía controla el timón.
Y en ese contexto aparece otro elemento que no conviene subestimar: la entrada o consolidación de la ultraderecha en el tablero político andaluz. No se trata sólo de un cambio de estilo o de una mayor dureza en el discurso. Sus consecuencias pueden ser mucho más profundas. La ultraderecha no suele crecer en el vacío: crece cuando consigue convertir los problemas reales en una narrativa de enfrentamiento, simplificación y castigo. Y la sanidad es un terreno perfecto para eso, porque allí conviven el malestar ciudadano, la frustración acumulada y la búsqueda de culpables rápidos.
Si esa fuerza política logra capitalizar el deterioro sanitario, puede empujar el debate hacia posiciones cada vez más agresivas: menos matices, más ruido, menos reforma y más propaganda. Puede transformar una crisis de gestión en una batalla cultural, donde el problema deje de ser cómo mejorar el sistema y pase a ser quién tiene derecho a hablar de él y desde qué trincheras. Ese desplazamiento sería muy peligroso, porque la sanidad necesita soluciones concretas, no un combate de eslóganes.
También hay otro riesgo: que el gobierno, presionado por la derecha más dura, termine endureciendo el discurso en lugar de mejorar la gestión. Cuando la política entra en modo defensivo, suele equivocarse dos veces. Primero, porque deja de escuchar. Segundo, porque confunde firmeza con teatro. Y en sanidad, el teatro no cura listas de espera ni reconstruye la confianza perdida.
Por eso este momento es tan delicado. La Junta no sólo tiene que demostrar que dispone de más dinero. Tiene que demostrar que sabe traducirlo en resultados visibles. Si no lo hace, la sensación de deterioro seguirá creciendo y la oposición —incluida la ultraderecha— encontrará un terreno fértil para seguir explotando el malestar. En ese caso, el problema no será únicamente sanitario. Será también democrático, porque cuando la desconfianza se instala en los servicios públicos, se resiente toda la arquitectura institucional.
Andalucía necesita una sanidad que funcione y un gobierno que gobierne de verdad. No bastan los movimientos tácticos ni los cambios de nombre. Hace falta eficacia, transparencia y una idea clara de hacia dónde se quiere llevar el sistema. Porque, al final, la sanidad no sólo mide la capacidad de gestión de un ejecutivo. Mide su honestidad política.
Y, de momento, seguiremos confiando en los profesionales sanitarios, porque sin ellos todo esto se complicaría todavía más.
