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El bufete Corzo, en representación del PP y de otros grupos afectados, han presentado ante los juzgados de Marchena la ampliación de la denuncia penal por extorsión para incluir también el delito de prevaricación contra el interventor del ayuntamiento y su alcaldesa, María del Mar Romero, argumentando que el consistorio carece de una reglamentación que estipule el régimen financiero de la dotación económica asignada a los grupos municipales de los distintos partidos políticos, lo que permitiría una resolución arbitraria y el abuso de poder por parte del funcionario.
Esta denuncia penal, interpuesta en los juzgados de instrucción, se encuentra abierta y en fase de declaración «por la extorsión y prevaricación de la que han sido víctimas concejales de la oposición» asegura el bufete de abogados.
En un pleno del pasado año, el interventor del ayuntamiento y la propia alcaldesa requirieron una serie de reintegros de cantidades «dadas y justificadas por el Partido Andalucista y el Partido Popular así como a otros partidos, excepto al Partido Socialista» según informa el Gabinete Corzo. Los miembros de estos partidos fueron informados de que se les embargarían todos los bienes si no devolvían importantes cantidades «presentes y futuros sin seguir un procedimiento administrativo».
Paralelamente, los concejales de la oposición afectados han presentado quejas en el Defensor del Pueblo y en la Alcaldía por «la falta de seguridad jurídica» y la «indefensión absoluta» de los afectados, según explica la representación legal.
Recientemente, el Partido Popular de Marchena denunció públicamente una supuesta quema de documentación municipal sin protección de datos ni ambiental, cuestionando el control que la intervención hace sobre las arcas municipales. Por ello, solicitan que el interventor deje de ejercer sus funciones hasta que se aclare la vía penal.
Los abogados del bufete Corzo han solicitado que se inicie de oficio por el órgano competente un expediente disciplinario contra el interventor, del Ayuntamiento de Marchena, ya que «sigue manejando las arcas municipales y no existe objetividad en la resolución de los recursos administrativos presentados por los afectados».
Ya condenada
El asunto de las asignaciones viene de largo, y la alcaldesa ya fue condenada, en 2018, por ocultación de información a la oposición, según reza el auto del Juzgado de lo Contencioso.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 4 de Sevilla ha condenado a la alcaldesa de Marchena, María del Mar Romero, a poner a disposición del portavoz adjunto del grupo andalucista en el Ayuntamiento marchenero, Andrés Sánchez, el expediente de los pagos efectuados a los distintos grupos políticos representados en el Pleno del Ayuntamiento de Marchena desde 2010 hasta octubre de 2017 “junto con todos los documentos de autorización de gasto, disposición del mismo, orden de abono, transferencia, etc”, según información hecha pública hoy por el Grupo Andalucista de Marchena.
Con una clara intención de no mostrar dicha información, la alcaldesa de Marchena hizo caso omiso a la petición de los andalucistas obligándolos a acudir a la Justicia para ver reparados sus derechos.
Andrés Sánchez, portavoz adjunto del PA
El concejal andalucista solicitó tener acceso a dicho expediente, denegándose por parte de la Alcaldía al entender esta que lo que se pretendía era acceder a los gastos privados de los grupos municipales, ante lo cual los andalucistas aclararon que no era examinar los apuntes contables de cada uno lo que deseaban fiscalizar, sino que pretendían acceder a los pagos que se habían realizado desde el Ayuntamiento a los grupos «algo que los concejales sí tenemos derecho a examinar, dado que se trata dinero de los impuestos que se destina al sufragio de los gastos de los grupos municipales».
A pesar de la aclaración, la alcaldesa de Marchena hizo caso omiso a la petición de los andalucistas. En la sentencia, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo se condenaba a la alcaldesa a mostrar la documentación existente y al pago de las costas judiciales.
