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El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Málaga ha presentado una moción para expresar el respaldo institucional al proyecto de centro de procesamiento de datos previsto en la ampliación de Málaga TechPark y reclamar al Gobierno de España un marco regulatorio «exigente pero proporcionado» que permita compatibilizar la sostenibilidad ambiental con el desarrollo de inversiones tecnológicas estratégicas.
Según ha detallado la formación en una nota de prensa, la iniciativa sitúa el proyecto ante una inversión estimada de 1.257 millones de euros, una potencia tecnológica de 100 megavatios (MW) y un consumo eléctrico que podría alcanzar los 150 MW, además de prever un impacto sobre el empleo tanto durante su construcción como en su posterior funcionamiento.
Para ello, el proyecto dispone de una ubicación concreta, es compatible con la ordenación urbanística y ha sido declarado inversión empresarial de interés estratégico para Andalucía, tras el informe favorable de la Unidad Aceleradora de Proyectos.
Asimismo, el PP ha planteado que el Consistorio respalde su desarrollo dentro de sus competencias y con pleno respeto a la normativa, al tiempo que reclama que el futuro marco regulatorio estatal tenga en cuenta la madurez de los proyectos, las inversiones comprometidas, el empleo y el retorno territorial, así como la viabilidad técnica de las exigencias ambientales.
La moción se refiere al Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, que establece que el Gobierno deberá aprobar mediante real decreto los requisitos de sostenibilidad energética y medioambiental, resiliencia y soberanía digital aplicables a los centros de datos conectados a las redes eléctricas.
El texto municipal recuerda que el Gobierno sometió posteriormente a audiencia e información pública un proyecto de real decreto, por lo que los requisitos incluidos en ese documento todavía no constituyen una regulación definitiva y pueden ser modificados antes de su aprobación.
Entre las medidas planteadas en el borrador figuran requisitos de cobertura renovable del consumo eléctrico mediante autoconsumo o contratos de compra de energía a largo plazo, así como exigencias de eficiencia energética e hídrica, soberanía digital, recargos por incumplimiento y posibles consecuencias sobre los permisos de acceso y conexión.
En este sentido, el Grupo Popular defenderá en el próximo Pleno que la regulación debe evitar que la capacidad de la red quede retenida por proyectos sin viabilidad real, pero considera que también debe valorar las circunstancias específicas de las iniciativas estratégicas ya avanzadas.
Además, la moción reclama que los requisitos de eficiencia energética e hídrica tengan en cuenta las condiciones climáticas de cada territorio, así como sostiene que las necesidades de refrigeración y el equilibrio entre consumo eléctrico y consumo de agua pueden variar entre el norte y el sur de España, por lo que plantea mecanismos de adaptación o evaluación del desempeño.
Junto al marco regulatorio, el segundo eje de la iniciativa es la disponibilidad de capacidad eléctrica, ya que ha señalado que la existencia de generación renovable en Andalucía «no implica necesariamente que exista capacidad de acceso y conexión en el punto y nivel de tensión requerido por una nueva demanda».
La moción recuerda asimismo que la administración local ya ha advertido en iniciativas plenarias anteriores sobre las limitaciones de la red eléctrica y sus efectos sobre el crecimiento residencial, los servicios públicos, la actividad empresarial y la atracción de inversiones.
En concreto, ha aludido a las mociones aprobadas en octubre de 2025 y abril de 2026, que reclamaron al Gobierno, al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y a Red Eléctrica la adopción de medidas y la incorporación de los refuerzos necesarios en la planificación eléctrica.
Del mismo modo, ha subrayado que estas necesidades no afectan únicamente al proyecto tecnológico, sino también a nuevos desarrollos residenciales, vivienda protegida, servicios públicos y actividad empresarial.
En relación con el centro de datos, la moción ha precisado que «con la información disponible no procede afirmar que el proyecto esté actualmente bloqueado por falta de potencia eléctrica», aunque considera necesario anticipar la capacidad requerida e identificar los posibles refuerzos de las redes de transporte y distribución.
Por ello, el Grupo Popular propondrá crear un espacio de coordinación específico en el que participen el Gobierno de España, la Junta de Andalucía, Red Eléctrica, el gestor de la red de distribución, Málaga TechPark, el Ayuntamiento y el promotor del proyecto.
Este espacio buscará definir un itinerario con hitos, responsables y calendario, analizar la capacidad eléctrica disponible y determinar los refuerzos necesarios, además de estudiar, cuando sea técnica y jurídicamente viable, una posible implantación o conexión por fases.
Igualmente, la iniciativa planteará valorar soluciones como nueva generación renovable asociada mediante autoconsumo o contratos de compra de energía, almacenamiento y flexibilidad, así como sistemas de refrigeración y utilización del agua más eficientes.
El Grupo Popular ha sostenido que Málaga «no pide privilegios ni excepciones ambientales», sino «seguridad jurídica, capacidad de red y una planificación energética» que permita acompañar proyectos estratégicos de inversión, empleo y actividad tecnológica.
La moción ha defendido que la regulación debe servir para seleccionar iniciativas firmes y viables y elevar sus estándares ambientales, evitando, según recoge el texto, que las condiciones regulatorias puedan provocar el desplazamiento de inversiones y capacidad de computación hacia otros países.
Entre los acuerdos planteados figura también reiterar las peticiones formuladas en las mociones municipales de octubre de 2025 y abril de 2026 para impulsar los refuerzos de las infraestructuras eléctricas necesarios para atender las necesidades generales de Málaga.
Finalmente, la propuesta trasladará la moción al Gobierno de España, los ministerios competentes, la Junta de Andalucía, Red Eléctrica, el gestor de la red de distribución, Málaga TechPark, el promotor del proyecto y las federaciones española y andaluza de municipios y provincias.
