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El juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Plus Ultra', José Luis Calama, ha citado a declarar como investigadas a las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, Alba y Laura Rodríguez, el próximo 30 de noviembre.
Así lo ha acordado Calama a través de una providencia recogida por Europa Press, en la que cita a las hijas del expresidente a las 9.00 y a las 12.00 horas. Ambas fueron imputadas el pasado mes de junio en la causa que indaga, entre otros asuntos, en presuntas irregularidades con el rescate de 53 millones de euros concedido por el Gobierno a la aerolínea Plus Ultra en pandemia
En la misma providencia, el juez cita a declarar como testigos el próximo 19 de noviembre a José Ángel Partearroyo, exdirector de Participadas de SEPI, y a Félix Martín, exdirector financiero de Plus Ultra.
El magistrado recordó en el auto de imputación, al que tuvo acceso esta agencia de noticias, que ambas hijas son administradoras solidarias de What The Fav, «vinculada indiciariamente al entramado investigado, lo que determina, por sí mismo, la procedencia de su citación en calidad de investigadas».
Las pesquisas sitúan a What The Fav como supuesto centro de redistribución de flujos financieros de la presunta trama y apuntan que Análisis Relevante, la empresa del socio de Zapatero Julio Martínez Martínez, le abonó 239.755 euros, entre otros pagos de otras empresas.
«La investigación atribuye a dicha sociedad un papel instrumental en la canalización, ocultación o facilitación de operaciones relevantes para los hechos objeto del procedimiento, y esa mera constatación objetiva sitúa a sus administradoras en el círculo de personas potencialmente afectadas por la imputación, en cuanto titular de la representación orgánica y responsable de la dirección jurídica de la entidad», señaló el magistrado.
En su declaración como imputado, Zapatero respondió sobre la actividad profesional de sus hijas afirmando que su empresa funcionaba realmente y cobraba por realizar trabajos reales de márketing, por lo que descartó cualquier tipo de irregularidad.
La Fiscalía atribuye a las hijas de Zapatero presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y blanqueo de capitales, «todo ello con la provisionalidad de la calificación jurídica de los hechos investigados en este estado incipiente de la investigación y de la consideración penal definitiva que los mismos merezcan».
UN INFORME PERICIAL DE LAS JOYAS
Asimismo, Calama comunica a Zapatero en un auto, recogido por esta agencia de noticias, que «en el plazo de tres días puede aportar al órgano judicial toda la documentación que tenga en su poder en relación con las joyas» que fueron intervenidas por la Policía Nacional en el despacho del expresidente.
El juez acuerda encargar un informe pericial y solicita a la joyería Yanes que informe «sobre los distintos extremos de las piezas de joyería, como la posible identificación del área geográfica de creación, la identificación de los metales preciosos, su valor de reposición actual y del conjunto del lote, así como su antigüedad», entre otros.
Calama abrió una pieza separada contra el expresidente por presuntos delitos fiscales y de contrabando en relación con las joyas halladas en el registro de su despacho, tasadas de forma preliminar en 1,3 millones de euros por la joyería Ansorena, al considerar que el origen de las mismas «no está justificado».
El magistrado indicó antes de la declaración como imputado de Zapatero que la posesión de bienes de lujo de elevado valor, unida a la ausencia de trazabilidad fiscal sobre su adquisición, constituye «un indicio objetivo y racional de la posible existencia de una defraudación tributaria relevante».
De hecho, durante su interrogatorio celebrado el pasado junio, el expresidente del Gobierno rechazó hablar de las joyas que le fueron intervenidas por la Policía Nacional.
El magistrado preguntó al letrado del expresidente en cuánto tiempo prevén que puede estar Zapatero en disposición de declarar sobre las joyas, por las que también está investigado por presuntos delitos fiscal y de contrabando por falta de justificación de su origen, a lo que respondió que en «una semana o diez días».
