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El concejal del grupo Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital y consejero de Sadeco, José Carlos Ruiz, ha reclamado la creación de una comisión de investigación sobre el expediente C22/18, «un contrato adjudicado en 2022 para el mantenimiento y desarrollo de software de la empresa municipal que incluía la creación de aplicaciones para comunicar incidencias y que ha sido prorrogado en varias ocasiones sin que desde 2022 conste que se haya creado ninguna aplicación».
En una rueda de prensa, Ruiz ha explicado que su grupo lleva «más de dos meses solicitando el expediente completo de esta contratación» y ha cuestionado que «se hayan aprobado nuevas prórrogas mientras existen dudas sobre su ejecución». «Es dinero público y los consejeros tenemos derecho a conocer qué se contrata, cuánto se paga y qué servicios se prestan», ha señalado.
El concejal ha situado «el principal foco de las dudas en la segunda prórroga del contrato, aprobada en 2025». Según ha indicado, «antes de que el expediente llegara al consejo de administración se produjo el relevo del jefe de servicio que había elaborado informes desfavorables sobre la ejecución del contrato». «En esos informes se advertía —según Ruiz— de que la empresa adjudicataria tenía pendientes más de 30.000 euros correspondientes a horas y servicios no prestados y se planteaba la no prórroga del contrato».
Posteriormente, ha agregado, «el nuevo jefe de servicio emitió un informe favorable a la continuidad del contrato, que fue llevado al consejo de administración para aprobar la segunda prórroga». «Nos encontramos con informes que cuestionaban la ejecución del contrato y, sin embargo, al consejo se le presenta después un informe favorable, y toda esa información no estaba encima de la mesa cuando tuvimos que votar», ha señalado Ruiz.
Según ha expuesto el concejal, «parte de esta información aparece en una demanda judicial presentada por un trabajador de Sadeco». Ruiz ha apuntado que «en la documentación aparecen correos e informes que reflejan que las cuestiones relacionadas con las horas y servicios pendientes no estaban resueltas».
«En esa misma demanda aparece mencionado Rafael Bados, actual presidente de Comercio Córdoba, en relación con su papel como intermediario entre la empresa adjudicataria y Sadeco», ha dicho Ruiz, quien ha señalado que su grupo ha preguntado en el consejo de administración por esta cuestión y que, hasta el momento, no han recibido explicaciones.
«La situación se prolonga hasta 2026, cuando el contrato vuelve a ser prorrogado por tercera vez, ya con la demanda judicial presentada», ha añadido Ruiz, quien considera «especialmente relevante que esta nueva prórroga se llevara al consejo de administración sin que se trasladara a los consejeros toda la información relacionada con la demanda y los informes anteriores».
Por todo ello, Hacemos solicitará, al amparo del artículo 129 del Reglamento Orgánico Municipal, una comisión de investigación que «permita revisar el expediente, analizar su ejecución y conocer qué información manejaron los responsables de la empresa en cada una de las prórrogas».
Ruiz ha manifestado que «todo lo ocurrido cobra especial relevancia en un momento en el que la ciudadanía está pagando un 52% más por el servicio de limpieza». En este contexto, ha advertido de que «el dinero no llega a los barrios, sino que se pierde en los despachos», y ha reclamado que «se aclare cómo se gestionan los recursos públicos y los contratos de Sadeco».
El edil ha reclamado además al alcalde, José María Bellido, que «explique si conocía las circunstancias que rodean este contrato y si estas tuvieron alguna relación con los cambios producidos en la dirección de Sadeco». «Queremos que sea el Ayuntamiento el que investigue y aclare qué ha ocurrido», ha demandado, para aclarar que no quieren «prejuzgar responsabilidades, pero sí que toda la documentación esté encima de la mesa y que se pueda preguntar a todas las personas que hayan intervenido».
El concejal ha avisado de que «si el regidor rechaza la comisión de investigación, Hacemos acudirá a la Fiscalía y trasladará la demanda y la documentación de la que dispone para que se determine si existen responsabilidades». «No queremos llegar a la Fiscalía, queremos que primero haya una investigación política, con transparencia y con toda la información, pero si el alcalde no quiere hacerlo, seremos nosotros quienes llevemos la documentación», ha expresado.
