El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Muñoz, ha pedido al Ayuntamiento de Sevilla que retire el proyecto de ordenanza específica para la Plaza de España y abra un proceso de negociación para abordar una «nueva regulación coherente» del uso de los espacios públicos de Sevilla.
Por su parte, Muñoz ha considerado que un asunto «que ha generado polémica» y que afecta a uno de los principales espacios monumentales de la ciudad requiere «más diálogo, más consenso y una visión de conjunto». En este sentido, ha reclamado al Gobierno municipal que atienda los informes técnicos incorporados al expediente, que apuntan a la conveniencia de avanzar hacia una regulación unificada de los espacios de dominio público.
«No tiene ninguna lógica que Sevilla termine teniendo una ordenanza para la Plaza de España, otra para la Plaza de América, otra para la Plaza de San Francisco y así sucesivamente. Lo razonable es establecer una regulación general del espacio público y recoger dentro de ella las singularidades de aquellos lugares que requieran una especial protección», ha señalado.
Al hilo, el portavoz socialista ha advertido de que esta iniciativa refleja «la improvisación de un Gobierno que no tiene un modelo de ciudad ni un criterio claro sobre cómo gestionar los espacios públicos de Sevilla». «Sanz va tomando decisiones aisladas, al compás de cada polémica, en lugar de establecer unas reglas comunes que protejan nuestro patrimonio y garanticen el derecho de los sevillanos a disfrutarlo», ha agregado.
En este sentido, Muñoz ha abundado en el «escándalo» de los Premios Escaparate y el proyecto para instalar veladores en la Plaza Nueva como ejemplos de esa forma de gobernar. «No puede seguir decidiendo sobre los espacios públicos como si la ciudad estuviera a su disposición», ha señalado.
Para Muñoz, el debate sobre la Plaza de España debe abordar cuestiones de fondo como la compatibilidad entre los grandes eventos y el uso público cotidiano; la protección del patrimonio ante montajes de gran envergadura; las afecciones por ruido, movilidad o actividad sobre el entorno del Parque de María Luisa; y la necesidad de diferenciar con claridad entre actividades de interés público y explotaciones económicas privadas.
«Estamos hablando de un espacio público y monumental. Cualquier regulación debe garantizar primero su conservación, el acceso de los ciudadanos y la convivencia con el entorno, y establecer a partir de esas garantías en qué condiciones pueden desarrollarse determinados eventos», ha explicado.
Asimismo, el portavoz socialista ha añadido que también deben revisarse las garantías económicas ante posibles daños, el régimen sancionador y la composición de los órganos encargados de decidir sobre las autorizaciones, para «asegurar la máxima transparencia y participación».
