El Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz, que investiga posibles irregularidades en el fraccionamiento de contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en la provincia gaditana, ha pedido un informe pericial a la Intervención General del Estado (IGAE) que, entre otros aspectos, incluya un «análisis global e integral de la contratación menor fraccionada bajo sospecha de ilicitud» y determine «el daño producido al erario público». La denuncia de Podemos Andalucía que dio origen a la investigación judicial se centra en posibles fraccionamientos de contratos menores por un importe de 235,4 millones de euros.
En una providencia dictada el pasado 4 de diciembre y consultada por Europa Press, el magistrado solicita en primer lugar a la IGAE que analice «todos los contratos objeto de investigación en el procedimiento, incluidas adendas, prórrogas y modificaciones, a los efectos de constatar y pronunciarse con relación a las irregularidades que aparecen detectadas en los informes de Intervención General de la Junta de Andalucía». El juez recuerda que la Intervención del SAS sólo analizó una muestra y ahora encarga a la IGAE un «análisis global e integral de la contratación menor fraccionada bajo sospecha de ilicitud» para lo que garantiza a los peritos «acceso a toda la documentación obrante» en la causa.
En segundo lugar, el magistrado reclama en la providencia, adelantada por la cadena Ser, que la IGAE realice un «análisis técnico» de cada expediente administrativo sobre la «existencia y legitimidad de causa habilitante de la contratación menor fraccionada objeto de investigación, con examen y diagnosis técnica del procedimiento administrativo seguido para su tramitación».
Igualmente, solicita un análisis técnico de los «precios de contratación desarrollados resultantes de la modalidad de contratación y fragmentación adoptadas, con evaluación de contraste entre los precios contratados y los resultantes de haberse seguido los debidos procedimientos de la Ley de Contratos del Sector Público y mediando publicidad y concurrencia en la contratación».
El juez hace especial hincapié en los precios de contratación y reclama a la IGAE que realice una «comparación con otras comunidades autónomas que obren en los perfiles de lo contratantes de las Administraciones Públicas», para lo que «se facilitará la documentación obrante en autos y los peritos solicitarán a través de la instrucción que se recaben todos aquellos datos y expedientes que sean necesarios para la confección de la pericial».
También solicita a la IGAE un «análisis técnico en cada uno de los expedientes analizados sobre si existió o no la debida justificación de la prestación de los servicios contratados y abonados» y que determine «las fuentes presupuestarias con las que se financiaron los importes de la contratación investigada y análisis financiero presupuestario de su acomodo al ordenamiento y normativa de aplicación, analizando asimismo las fases de autorización y aprobación del gasto público, procedimiento presupuestario debido y acomodo del órgano autorizante a la legalidad económico presupuestaria de aplicación».
Por último, el magistrado solicita a la IGAE que determine igualmente «el daño producido al erario público, aun de manera aproximativa o potencial, a partir del análisis de las consecuencias de la presencia o ausencia, en los expedientes analizados, de acomodo a la debida modalidad de contratación y deberes legales de publicidad, competencia y concurrencia». Esta providencia puede ser recurrida en reforma en el plazo de tres días a partir de su notificación.
El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz acordó a finales de octubre prorrogar el plazo máximo de investigación judicial hasta el 2 de abril de 2026 tras la petición de ampliación del periodo de instrucción presentada por la representación del PSOE, y a la que se adhirieron Podemos y el Ministerio Fiscal con la oposición del resto de partes.
