La fase de pruebas del nuevo Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Algeciras ha provocado una contundente reacción de Podemos en la provincia de Cádiz, que rechaza su apertura y lo señala como un ejemplo de «racismo institucional», tal y como ha adelantado Portal de Cádiz. Con 20 000 metros cuadrados de superficie y capacidad para unas 500 personas, el centro —levantado con una inversión de 30 millones de euros y aprobado en 2020 por el Ministerio del Interior— representa, a juicio de la formación, una política basada en la criminalización de la migración y alejada de los derechos humanos.
Podemos Cádiz califica la decisión como injusta y errónea, tanto desde el punto de vista humano como territorial, al entender que convierte una falta administrativa en delito. Su portavoz provincial, Marina Liberato, subrayó que «no es una sorpresa para quienes conocemos la línea del Ministerio, pero sí una decisión inexcusablemente injusta, opaca y profundamente equivocada». Y añadió: «Hay que decirlo sin rodeos: esto es racismo institucional. No se puede privar de libertad a nadie por su situación administrativa mientras se llenan los discursos de derechos humanos».
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La formación denuncia además la opacidad del proceso: el inicio de la fase de pruebas se ha producido sin comunicación formal al Ayuntamiento de Algeciras. Podemos defiende que los 30 millones de euros invertidos podrían haberse destinado a cubrir las necesidades sociales del Campo de Gibraltar, una de las comarcas más castigadas por el desempleo, la falta de vivienda y la escasez de servicios públicos. Según sus estimaciones, esa suma permitiría construir entre 200 y 375 viviendas protegidas o financiar planes de empleo y rehabilitación urbana. «Con ese dinero se habrían podido crear alternativas reales y productivas para la zona», apuntan desde la organización, que exige al Gobierno explicaciones sobre sus prioridades de gasto.
Colectivos sociales han alertado también del impacto de un macrocentro de internamiento en el territorio, al considerar que perpetúa una visión criminalizadora de la migración y normaliza la privación de libertad por motivos administrativos. Podemos defiende que las políticas públicas deben centrarse en garantizar derechos, acceso a la protección internacional, empleo y vivienda digna, en lugar de promover espacios que «pisotean la dignidad y fomentan la discriminación».
La formación destaca además la incoherencia entre el discurso del Gobierno central y su práctica en materia migratoria. «No se puede hablar de derechos humanos mientras se levantan centros de internamiento y se mantiene paralizada la Iniciativa Legislativa Popular por la regularización extraordinaria», recordó Liberato, en alusión a la propuesta ciudadana admitida a trámite en 2024 y aun sin resolución. Para Podemos, esta contradicción exige respuestas claras y compromisos tangibles.
«Si el Gobierno cree de verdad en los derechos humanos, que lo demuestre: detengan los macrocentros y destinen esos fondos a vivienda social, empleo y servicios públicos en el Campo de Gibraltar. No pedimos caridad, pedimos coherencia, dignidad y justicia», concluyó la portavoz provincial.
Podemos Cádiz reclama al Ministerio del Interior transparencia inmediata sobre el proceso de apertura, explicaciones sobre la ejecución del presupuesto y una revisión de las prioridades estatales. Exige asimismo paralizar nuevas políticas de internamiento y activar de manera efectiva la regularización extraordinaria de las personas migradas, redirigiendo los recursos hacia vivienda, empleo y atención social en una comarca marcada —recuerdan— por desigualdades estructurales.
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