El exedil de Marbella (Málaga) Carlos Fernández, fugado desde el inicio del caso ‘Malaya’, contra la corrupción en dicha localidad malagueña, ha sido detenido en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y ha sido puesto a disposición judicial de la Audiencia Nacional, según han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press.
Fernández ha estado residiendo estos años en Argentina y, según han apuntado fuentes policiales, ha sido detenido a las 06.55 horas de este miércoles al ser detectado en un filtro policial en el aeropuerto madrileño, concretamente de un vuelo procedente de dicho país.
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En 2006, en la segunda fase de la operación ‘Malaya’, la Policía Nacional registró la vivienda de Fernández y al día siguiente su entonces letrado remitió al juzgado un escrito en el que el exedil se ponía a disposición de la justicia para colaborar y aseguró que éste estaba haciendo el Camino de Santiago, aunque desde entonces se desconocía su paradero hasta 2017.
Ese año, en concreto en septiembre de 2017, el exedil, que militó en el Partido Andalucista en Marbella, fue detenido en Argentina, donde se entregó a las autoridades tras haber realizado gestiones en España sobre la prescripción de los delitos que se le imputaban en varias causas, entre ellas ‘Malaya’ y ‘Saqueo II’, del que es competente la Sección Tercera de la Audiencia Nacional.
El Gobierno acordó en noviembre de ese mismo año remitir a las autoridades de Argentina un total de seis expedientes de solicitud de extradición de Fernández por la presunta comisión de diferentes delitos en España durante su actividad como concejal del Ayuntamiento de Marbella.
La primera de estas solicitudes de extradición se fundamentó en la petición de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la AN y hacía referencia a la comisión de presuntos delitos de malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil en el caso ‘Saqueo II’. Los hechos se refieren a su actividad como concejal durante los gobiernos con mayoría absoluta del Grupo Independiente Liberal (GIL) en las legislaturas de 1991, 1995 y 1999.
Las restantes cinco ampliaciones de la solicitud de extradición correspondían a tres juzgados de instrucción distintos de la localidad de Marbella por los delitos contra la ordenación del territorio, cohecho o prevaricación administrativa, fraude en la contratación y falsedad en documento oficial.
Un juzgado argentino acordó extraditar a España al exedil en concreto por una de las seis causas por las que España la solicitó, en concreto la del caso ‘Saqueo II’, de la que es competente la Audiencia Nacional, aunque la decisión fue recurrida.
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